Jorge Santos
El 27 de agosto del año pasado, cuando la Asamblea Social y Popular convocó al Gran Paro Nacional, las empresas de la élite económica tradicional no se sumaron de inmediato, sino hasta horas después, al evidenciar que este había despertado la simpatía de amplios sectores de la población. En aquel momento se pensó que no deseaban sumarse a una convocatoria realizada por el movimiento social y popular, sin embargo hoy la evidencia nos dice que sentían miedo, de lo que pudiera venir.
A parte de evidenciar el más puro oportunismo, la élite económica, aglutinada en las cámaras empresariales, se sumó tarde al producto de cálculos sobre las investigaciones que estaban en ciernes y que más tarde que temprano, resultarían implicando a varios de sus connotados miembros. Si bien, para aquellos meses, ya estaba guardando prisión preventiva el representante del CACIF ante la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por el otorgamiento, fraudulento del contrato, a una empresa proveedora de servicios para enfermos renales, aún venían más casos.
Sin embargo, este año ha representado un verdadero revés para una elite que ha estado acostumbrada a ostentar privilegios e impunidad por encima de cualquier cosa. Resoluciones judiciales que empiezan a demostrar que es posible un sistema de justicia independiente y apegado a derecho, que pone freno a los históricos vicios de corrupción para hacer negocios en el país. Estas resoluciones históricas empiezan a sembrar el miedo y el pánico a empresarios que acostumbrados a la coima han hecho del Estado su títere y que de a poco tendrán que ir cumpliendo con las leyes o de lo contrario terminaran tras las rejas.
Luego el caso contra la empresa productora de acero más grande de la región centroamericana, que pone de manifiesto y materializa aquel secreto a voces, de que es el gran capital el que no paga sus impuestos, que elude o evade el pago de los mismos. Más de Q700 millones fueron defraudados por esta empresa, propiedad de una de las familias “bien” de este país. Aunado a las detenciones de los directivos de la empresa, hoy sufren la intervención estatal de sus operaciones, lo cual produce que se vean forzados y contrario a su práctica común, al pago de lo adeudado, más mora e intereses. Tan sólo este pago, cierra la brecha fiscal del presente año, demostrando así el enorme mal que producen a la sociedad guatemalteca con sus históricas y corruptas prácticas.
Pero también, el caso de la Terminal de Contendores Quetzal (TCQ) pone al descubierto las formas y mecanismos de hacer negocios en este país. El tráfico de influencias, el cohecho y el cuello son las prácticas comunes. De esa cuenta el terror y el pánico se apoderan de quienes han estado acostumbrados a este tipo de prácticas. Esperemos que como sociedad seamos capaces de cerrar filas frente a quienes hoy administran la justicia de manera honesta y que la reacción no recupere el terreno perdido.
