Oscar Clemente Marroquín
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El año pasado la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona vendió a una poderosa empresa de Holanda no sólo su operación en España sino las que había logrado en varios países, incluyendo la de Guatemala que fue producto de un soborno a las máximas autoridades del país. Igual que con la entidad financiera del Banco Mundial, se supone que los compradores hicieron las averiguaciones pertinentes para establecer la sanidad de las operaciones y, obviamente, esa sanidad depende fundamentalmente de la legalidad de todas y cada una de las contrataciones que se hicieron.
El comprador puede alegar, como el Banco Mundial, que se hicieron las consultas y las autoridades afirmaron que todo se había hecho legalmente, pero el caso es que las autoridades consultadas y que emitieron dictámenes, fueron precisamente las que se beneficiaron o salpicaron con el millonario soborno que el dueño de TCB, Ángel Pérez Maura, pactó con Pérez Molina y Baldetti para que en Guatemala todo se hiciera a su gusto.
Hay dos razones obvias para hablar de la nulidad del contrato y son una formal y otra de fondo. La primera es que un subinterventor no tenía facultades para suscribir un contrato enajenando terrenos de la Portuaria. Pero la de fondo es más importante y certera, puesto que constitucionalmente está definido el término de la “Concesión” que tipifica de manera precisa y completa el tipo de operación que iba a realizar la empresa Terminal de Contenedores Quetzal. Los abogados que hicieron el “due diligence” a la empresa holandesa sobre la operación en Guatemala tenían que haberle advertido, por lo menos, de la existencia de esa importante “duda” legal. Imagino que algún bufete guatemalteco de prestigio fue contratado para hacer esa diligencia de auditoría normal cuando alguien pretende invertir dinero en un negocio que ya funciona.
En todo caso, la empresa holandesa puede argumentar que compró de buena fe, pero le ocurriría lo mismo que al particular que compra un auto robado y lo hace de buena fe. Ello le exime de la responsabilidad penal derivada de estar en posesión de un bien robado, pero no lo convierte en legítimo propietario del carro. Puede, con todo derecho, reclamarle al vendedor que le engañó en la operación, pero no puede reclamarle al dueño del carro ningún tipo de indemnización.
Cuando hoy se publica que el Presidente señala que TCQ puede iniciar operaciones, sin duda se han pasado por alto consideraciones muy serias. No me cabe duda que hay enorme presión de los sectores vinculados con Agexport, los mismos que querían que La Riviera siguiera funcionando aun y cuando fue un negocio corrupto, y que el Presidente está abrumado por esas exigencias, pero está en juego mucho más que el capricho de los que se saben “dueños de la finca”, con mucha mayor razón que la que tenían los subalternos de Pérez y Baldetti para llamarlos de esa manera.
Claro que podremos operar esa Terminal, pero se tiene que hacer privilegiando los intereses del país y asegurando que el comprador del carro robado no vaya después a querer demandar al legítimo propietario que, tras ser despojado de su auto, pudiera terminar pagando indemnización al que compró dizque de buena fe.
