Oscar Clemente Marroquín
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Una de las notas destacadas de las declaraciones que ha ofrecido el expresidente Otto Pérez Molina en el tribunal donde ahora se le procesa por el Caso de la Terminal de Contenedores Quetzal, negocio que se armó con una de las más influyentes familias de España, tanto así que el caso ha sido silenciado en aquel país, no obstante el carácter escandaloso que tiene, fue la de su arrepentimiento por haber autorizado la prórroga de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, pero se le olvidó decir que realmente no fue que él decidiera la prórroga, sino que se vio compelido por la investigación del Caso La Línea que, en ese momento, involucraba al Secretario Privado de la Vicepresidenta con fuertes sospechas de que ella misma era quien dirigía la operación.
Arrinconado ante las evidencias tuvo que dar marcha atrás a su tajante decisión de no extender el mandato de la CICIG que, de acuerdo a lo que había dispuesto con la colaboración de sus funcionarios del Ejecutivo y el aval de la Corte Suprema de Justicia, terminaría en septiembre del año pasado su misión en Guatemala. Cuando Joe Biden planteó el tema de la prórroga de la CICIG como un elemento esencial para la aprobación del Plan de la Alianza para la Prosperidad, el entonces Presidente Pérez Molina respondió airado diciendo que Guatemala no aceptaba ese tipo de presiones extranjeras.
Todo estaba listo para anunciar el fin de la CICIG, y hasta se pensó hacerlo durante la Semana Santa del año pasado, pero alguien les dijo que eso sonaría como el madrugón que nos dieron a todos con lo de Puerto Quetzal y la Terminal de Contenedores, por lo que se dejó pasar la fecha, pero ya estaba programada la reunión de la comisión encargada de analizar la prórroga, en la que estaba el Presidente de la Corte, para dar el carpetazo.
Obviamente, con Monzón prófugo y la Vicepresidenta sintiendo los pasos de animal grande, no podía cancelar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad y de allí que se anunciara precipitadamente su prórroga. En una entrevista radial tanto Iván Velásquez como la Fiscal Thelma Aldana relataron cómo el mandatario les había pedido que dijeran que la Vicepresidenta no estaba involucrada en el caso, a lo que ambos respondieron con su silencio.
En el Caso TCQ en La Hora fuimos tajantes desde el primer día sobre el carácter turbio del negocio, y cuestionamos que no se hubiera seguido el procedimiento de una concesión sino que, siguiendo los consejos de los bufetes asesores de las privatizaciones de Arzú, si hubiera seguido el camino del usufructo oneroso. Criticamos el sucio papel que jugó oficialmente España por medio de su Embajador en ese tiempo, pero ahora sabemos que el señor Pérez Maura es de los que ha tenido no sólo al PP comiendo de su mano, sino que a otros influyentes sectores de ese país, tanto así que no obstante que se trata de un acto de soborno, penado por las normas de la Unión Europea, se guarde el más absoluto silencio.
De no ser por esa CICIG vilipendiada por Otto Pérez, en estos días hubieran venido los inversionistas a tomar posesión de la obra producto del soborno.
