Estuardo Gamalero
«El Tirano siempre está estimulando guerras o diferencias, de manera que las personas requieran un líder». Platón.
La promulgación de nuevas leyes y los cambios en las vigentes, es algo que siempre debe llamar la atención entre los ciudadanos. En ese sentido y sin perjuicio de los intereses propios que giren alrededor de cada ley o cada cambio, hay dos preocupaciones que me parecen legítimas: I) que las leyes obedezcan a razones casuísticas o conveniencias políticas, que lejos de solucionar un problema o fomentar desarrollo, generen desconfianza y/o vulneren un derecho universal; II) que a través de leyes se busque incrementar los niveles de fiscalización a los ciudadanos, a cambio de empoderar gobernantes con más facultades discrecionales, que basados en la experiencia, tienen una tendencia al abuso del Poder.
Dos cuestiones de moda y de distintas carteras, tienen estrecha relación con este tema: II) el incorrecto llamado «secreto Bancario» y las atribuciones que se pretenden otorgar a la SAT para el ejercicio del mismo; II) el Poder de sanción que se pretender conferir a la Inspección General de Trabajo, como si ésta fuese un tribunal de justicia.
En ambos asuntos, hay una saña social que justifica la incompetencia del Estado ante la existencia de esos paradigmas. Yo soy de la opinión que si el Estado y la sociedad no han funcionado adecuadamente, es porque los gobernantes no han tenido la voluntad de hacerlos que operen según su mandato legal, sino más bien, que se desempeñen como un modelo secuestrado de instituciones públicas al servicio de unos cuantos.
Si estuviésemos en clase, la primera pregunta racional que se me ocurre es: ¿Tenemos los ciudadanos razones para preocuparnos del abuso de Poder mediante la manipulación de la ley? Y la segunda pregunta: ¿Cuál es el promedio y la tendencia a nivel mundial respecto del Abuso del Poder? Basta leer noticias (nacionales e internacionales) y todos los días en muchos países encontramos cuestiones como: a) Congresistas acosando a un funcionario de la oposición; b) cacerías tributarias en contra de los contribuyentes; c) intervenciones a las comunicaciones y violación al derecho humano de la intimidad; d) políticas fiscales que ahogan al pueblo; e) tramitología excesiva; f) el saqueo de las finanzas públicas; g) licitaciones y concesiones de bienes y servicios públicos fraudulentas; h) sobornos y extorsiones en las gestiones burocráticas; i) incapacidad o falta de voluntad para exigir el cumplimiento de la legislación vigente.
Al caso de algún ala de la comunidad internacional, podemos sumar lo que ellos denominan: «la sana coacción a través de sanciones comerciales y diplomáticas», cuando el Estado «súbdito» no «les hace caso en la implementación de la legislación o los cambios que «recomiendan». Lo más triste de esto último, es que la mayoría de veces dichos cambios están fundados en historias a medias o bien, precedidos de una alta carga ideológica.
Por supuesto, el abuso del Poder a nivel mundial no es materia reservada para la élite política. Hay empresarios que manipulan y compran funcionarios públicos; hay gente de escasos recursos que se presta para actos vandálicos y de terrorismo en la supuesta defensa del medio ambiente e incluso de alguna comunidad; hay Estados y misiones internacionales que alimentan los problemas de los países subdesarrollados y nos reconquistan con la «nueva normativa mundial»; Hay periodistas que delinquen en su investigación y también hay líderes de opinión que no informan sino intrigan.
En mi opinión, es indiscutible que Guatemala necesita de cambios y mejores estructuras e instituciones que permitan depurar a los pícaros que se han enraizado en ellas. Ciertamente necesitamos procesos que incidan positivamente en la transparencia de la gestión pública y el mundo de los negocios privados.
Bajo el entendido que el supuesto fortalecimiento de la ley y de la gestión pública, conlleva el potenciamiento del funcionario público, la pregunta en esa dirección es: ¿Cómo garantizamos que el fiscalizador/funcionario público también sea fiscalizado y no utilice su cuota de Poder para dañar al ciudadano y limite el desarrollo integral de la persona?
La misma pregunta la hicieron los padres de la República, los impulsores de la Democracia. También la analizaron los romanos, los griegos, los padres de las revoluciones y los próceres de las independencias de los Estados y por supuesto quienes fundaron el derecho Constitucional.
¿Cuál cree que ha sido la respuesta y cuál es la suya?
