Es una buena noticia que encabezados por Jimmy Morales, los tres Presidentes de organismos del Estado hayan aceptado que la CICIG por medio de Iván Velásquez y el Ministerio Público con Thelma Aldana, hagan la redacción de un documento consensuado de reforma al Sector Justicia que nos permita trazar las líneas a largo plazo que se necesitarán para tener un sistema funcional y no uno diseñado para el saqueo y el abuso.
Pero hay una necesidad obligada en el sistema que podría ser este el momento más adecuado de impulsarla y es una tajante, fuerte y definida reforma al sistema de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.
No entramos a todos los demás temas que se necesitan discutir sobre la Ley Electoral porque el argumento será que se acaba de aprobar una reforma que se anunció, con bombos y platillos, en el Congreso, para esconder el mamarracho que pasaron porque no atiende el tema profundo y la razón por la que tanto corrupto aspira a ser presidente que es el acceso a los recursos de lo que consideran su finca.
Es materia de la Justicia este tema, y por ello mismo el Comisionado Velásquez hizo su presentación sobre la injerencia de los poderes de distinto tipo hacia los políticos en contienda y, posteriormente, el cobro del favor por medio de los beneficios por contratos, capacidad de nombrar sus alfiles en puestos clave y favores como devoluciones de crédito fiscal, asignación de concesiones, facilitación de contratos y licitaciones, etc.
Se podría emitir el mejor documento de reforma del sector Justicia, pero si dentro del sistema de Postulación de magistrados, Fiscal General, Contralor, etc., se depende del voto de políticos con la voluntad empeñada a oscuros intereses, el resultado será igual de oscuro y se seguirá nombrando a guardianes de las estructuras paralelas.
Para nadie es un secreto que empresarios “tradicionales o emergentes”, exfuncionarios enriquecidos por la misma corrupción o narcos, han nutrido las campañas presidenciales con la clara intención de cobrar el almuerzo después.
Tenemos que aceptar que quienes toman las decisiones no son los políticos sino que sus dueños. Y esos dueños no quieren una independencia financiera que permita administración de Justicia tal y como debiera ser porque se les acabaría el reino de la influencia, el control y la sumisión institucional.
Tan importante como la reforma al sector Justicia es la transformación en el sistema de financiamiento de las campañas. Los beneficios del sistema tienen que ser para todos los guatemaltecos, y no solo para los que compran el alma de los políticos para ser los dueños del pastel entero.
