María José Cabrera Cifuentes
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En febrero de 2012 el tema de repensar la política de drogas actual se puso de moda al haber sido cuestionada por el entonces presidente Otto Pérez Molina. En ese momento recuerdo el boom mediático en que se convirtió la llamada del expresidente a replantearnos un asunto que se constituye en uno de los mayores y más terribles flagelos en nuestra sociedad. Lamentablemente, no pasó a mucho más que poner el tema en el centro del debate nacional y, por qué no decirlo, a preparar el terreno para su discusión a nivel internacional, más intensamente en el continente americano.
Y aseguro que no trascendió porque, al menos en Guatemala, se encendió como una flama incandescente que poco a poco fue disminuyendo su luminosidad hasta quedar prácticamente extinguida. La presión que varios stakeholders ejercieron para callarnos y continuar con la política que hasta este momento se nos ha impuesto, surtió su efecto y hasta el día de hoy permanecemos sin decir una palabra al respecto.
Abordo este tema por la proximidad de la Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas en la que se abordará principalmente el tema de la política de drogas que como en distintos foros en los últimos años se ha abordado sin lograr conseguir un consenso en el que se admita la necesidad de un viraje en dicho tema.
El fracaso de la guerra contra las drogas se continúa haciendo evidente una y otra vez y pareciera que nos resistimos a abrir los ojos ante esta inevitable realidad. Querer continuar con una política que hasta el momento no ha significado más que una gravísima pérdida de recursos y que ha convertido los territorios en zonas de real guerra, es a mi criterio una locura.
La prohibición no funciona más que para incentivar la existencia de mercados paralelos a la legalidad en los que tener la preeminencia se ha vuelto un juego de suma cero que de una u otra forma sigue sofocando a las sociedades del mundo y dando pie a la permanencia de una serie de delitos conexos que se siguen pagando caro alrededor del mundo.
La limitación de reconocer el papel que cada uno de los países desempeña en el ciclo de la narcoactividad es otro de los obstáculos que nos impide avanzar en el camino de una política de drogas eficiente y eficaz. El abordaje homogéneo del problema en un país productor como de tránsito y consumidor no hace más que relegarnos y restarnos puntos en esta guerra de por sí, perdida.
A pesar de nuestro escepticismo y de la rigidez que sigue prevaleciendo en la mayor parte de la sociedad, tras los resultados obtenidos en las últimas cuatro décadas debemos empezar a cuestionarnos hacia dónde queremos encaminarnos con respecto a este tema. No quiero decir que debamos dejar de abordarlo como un problema de seguridad, pero mientras no se le añada, entre otros, el enfoque de salud pública seguiremos estando perdidos y lejos de encontrar la luz para salir del túnel que significa continuar siendo un país clave en el trasiego de drogas.
Pensar en la modificación de la reforma en la política de drogas en la actualidad en Guatemala podría resultar utópico, no obstante es necesario. El enriquecimiento del debate y de las ideas que en torno a este tema pueden surgir es menester para generar una política integral eficaz y eficiente al respecto.
