Dr. Luis Fernando Cordón Morales
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El pasado 9 de marzo del presente año fue juramentado el nuevo Superintendente de Administración Tributaria, quien en su hoja de vida no muestra una relevante formación académica ni experiencia profesional acreditada en materia tributaria ni aduanera; algo que no suele suceder habitualmente en la designación de los más altos funcionarios recaudadores de tributos en cualquier parte del mundo, ya sea por la complejidad que acompaña por naturaleza al sistema tributario y aduanero sino por la trascendencia en términos de importancia financiera nacional que trae aparejado el cargo, que no acepta improvisaciones, omisiones ni errores; por lo que en principio no se vislumbran cambios profundos en Guatemala sobre política fiscal, si a esto le sumamos los perfiles del recién nombrado Intendente de Aduanas y del actual Ministro de Finanzas; además, que no existe plan de gobierno al respecto.
En la hoja de vida que fue socializada en los distintos medios de comunicación, se muestra que el recién nombrado Superintendente es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Maestro en Derecho Procesal Penal y cuenta con experiencia laboral de doce años en el Ministerio Público, en donde en parte participó en las investigaciones sobre casos de defraudación y contrabando aduanero resonados en los últimos años denominados como “Los Cigarreros” (contrabando de cigarrillos), “Agua Miel” (contrabando de azúcar) y el más reciente “La Línea” (defraudación aduanera y cohecho); por lo que podemos deducir que su interés primario se centrará en la identificación y desarticulación de las múltiples redes corruptas de que está infestada la institución, muestra de ello son las recientes y, valga decir, acertadas destituciones; así como la propuesta de implementación de una nueva unidad de asuntos internos que se encargue de monitorear al recurso humano, acciones encaminadas a cumplir con su promesa inicial de recuperar la confianza tributaria de la ciudadanía.
Cabe recordar que el denominador común de los últimos escándalos sobre delitos contra el régimen tributario y delitos aduaneros renombrados mediáticamente en orden cronológico como “La Línea”, “Casos Redes”, “Tiendas Libres de Guatemala” y “Aceros de Guatemala”, es que en los mismos se presume la participación directa y activa de funcionarios y empleados de dicha institución quienes aprovechándose de su puesto pudieron haberse asociado y conspirado para beneficiar a contribuyentes en el impago de impuestos, en franco perjuicio del ya desmejorado ingreso tributario del Estado, a cambio de un reconocimiento económico corrupto.
Entonces, la intervención estratégica de la SAT mediante el nombramiento de personas cercanas a investigaciones criminales hace que esta institución esté encaminada a su autodepuración y a convertirse en un aliado necesario y adecuado para el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en el fortalecimiento de los casos en trámite y los que vienen, mismos que prometen ser de trascendencia mediática por los personajes que se presumen están involucrados.
Por lo que quienes se ven preocupados por la intervención señalada y ante el posible destape de los nuevos casos, son todos aquellos empleados y funcionarios de SAT que han participado directa o indirectamente en las diferentes estructuras corruptas y extorsivas, sus operadores externos que han servido de vehículo de coordinación, y principalmente los usuarios de dichas agrupaciones, que por su posición en la relación jurídica tributaria recaerá la principal responsabilidad.
