Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
El día de ayer se empezó a sacudir el mundo con la investigación que hiciera el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ), por sus siglas en inglés y basado en Washington.
El escándalo del manejo de personas jurídicas y cuentas para lavar dinero en Panamá, que constituye uno de los más grandes de la historia por los multimillonarios fondos y por los personajes involucrados, ha acaparado la atención mundial, no obstante que apenas se empiezan a conocer detalles del asunto.
Y Guatemala no escapa del asunto. No es ningún secreto para nadie que mucha gente en el país utiliza a Panamá como una jurisdicción para estructurar negocios, y ahora competerá a las autoridades dilucidar quiénes lo han hecho para fines lícitos o para fines que riñen con la ley.
En derecho lo que no está prohibido por la ley está permitido, y por ello es que el solo hecho de haber utilizado la jurisdicción panameña como paraíso fiscal no constituye delito, pero será necesario que se pueda investigar a fondo para determinar responsabilidades en los casos que lo ameriten.
Previendo el arribo de este escándalo, Panamá empezó a modificar sus reglas para intentar “conocer mejor a sus clientes” y a partir de ahí se establecieron nuevas políticas para la contratación de todo tipo de personas jurídicas panameñas.
Hace varios meses yo escribí que la corrupción en nuestro país estaba estructurada por pagos fuera de plaza que eran casi imposibles de detectar por las autoridades y que por ella era necesario seguir aquí el rastro del dinero cuando se adquieren los bienes o se compran los juguetes aquí en Guatemala.
El escándalo de los #PanamaPapers debe servir para hacer del mundo de los negocios uno más transparente, pero también debe servir para hacer las gestiones estatales mucho más cristalinas y alejadas de la opacidad con el afán que el ciudadano contribuya con lo que debe y que ese recurso se utilice también en las grandes necesidades de los países y de su gente.
Una cosa es una planeación patrimonial (con fines hereditarios), la planeación corporativa (quién es dueño de una empresa) o la planeación fiscal que estén dentro de los parámetros de la ley y otra cosa es una estructura para cometer ilícitos como lavar dinero proveniente de cualquier actividad, entre las que se incluyen, pero no de forma limitativa la corrupción, el narcotráfico o un sin fin de flagelos que afectan al mundo.
En ocasiones las personas se muestran reacias a hacer las cosas de determinada manera porque se estima que al no haber mayores consecuencias, no importan las formas y definitivamente eso será algo que cambiará con la investigación de los #PanamaPapers.
Eso abrirá espacio a que se modifiquen leyes para eliminar cualquier indicio de paraíso fiscal y derivará en más recursos para los estados, siendo por ende necesarias las reformas a los sistemas de cada país para que el aparato estatal deje de estar al servicio de un puñado que lucra con el dinero de la gente, dando paso a un sistema que esté para atender los problemas y las necesidades del pueblo.
