Juan Francisco Reyes López
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Históricamente se puede comprobar que a los presidentes, vicepresidentes y gobiernos en nuestro país, a través del consejo se les trata de influenciar; la influencia puede ser institucional o individual, puede hacerse buscando el bien común o buscando el bien particular.
Al presidente Justo Rufino Barrios se le influenció para que otorgara en propiedad enormes cantidades de terreno agrícola donde se desarrolló el cultivo de café; así mismo, se le influenció para que la mayoría de la población fuera laborante de ese cultivo, obtuviera muy bajos salarios, logrando así que los productores pudiesen exportar el café con ese subsidio laboral al mercado internacional.
Las élites de poder convencieron al presidente Jorge Ubico para emitir una ley en contra de la vagancia y prácticamente obligar a la población indígena a ser trabajadores agrícolas, con reducidísimo salario y sin prestaciones sociales.
Si se analizan quiénes han sido ministros de Economía, ministros de Finanzas, ministros de Agricultura, se encontrará que en los últimos cien años la mayoría de los funcionarios han sido propuestos por el sector empresarial organizado, muchas veces han sido miembros de sus juntas directivas o funcionarios de sus cámaras y asociaciones; por tanto, son personas ya en doctrinadas para que sus acciones sean proclives al empresariado, no importando el gobierno en que estén o el sector de donde provienen. Múltiples juntas directivas del sector público tienen representación empresarial.
En los ocho gobiernos democráticos encontraremos que varios de los presidentes y vicepresidentes han sido financiados por la elite económica del país, también las diferentes legislaturas han tenido prácticamente voceros con diferentes diputados que no buscan el bien común, la reducción de la pobreza; por el contrario, buscan la concentración de la riqueza en menos del uno por ciento de la población del país. Por ello, es importante que el presidente y vicepresidente, los diputados y alcaldes comprendan que deben de escuchar pero bajo ningún concepto subordinarse a un determinado grupo de poder; por cuanto, su mandato es el de representar al pueblo y no a una elite, a un grupo de poder o al partido que los propuso o financió para ser electos.
Cada día más, es imperativo que se escuche y se valore si el consejo es en pro del bien común o busca un privilegio. La Constitución Política de la República actual establece la importancia de la representatividad, señala que la soberanía descansa en el pueblo, quien la delega temporalmente en quienes gobiernan; por consiguiente, esa delegación implica la búsqueda del bien común.
Ningún país en el mundo se ha desarrollado a base de la concentración de la riqueza; por el contrario, los países desarrollados saben e insisten en que sus presidentes, primeros ministros, vicepresidentes, poderes legislativos y judiciales sean objetivos y busquen el bien común.
Todos nuestros gobernantes, no importando el cargo que desempeñen, deben escuchar y pensar qué debe predominar en su actuar.
¡Guatemala es primero!
Continuará.
