Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El caso Aceros de Guatemala, que ahora se ventila en los Tribunales de Justicia, viene a demostrar que en materia de corrupción estamos hundidos hasta el copete y que la Superintendencia de Administración Tributaria fue copada por las mafias al punto de que el viejo negocio del contrabando, que siempre se señaló como una terrible fuga en los ingresos fiscales, sea algo así como juego de niños en comparación con lo que se hace, por ejemplo, con las devoluciones de crédito fiscal que están sujetas a una enorme discrecionalidad y, por lo tanto, se constituyen en una fuente de negocios muy jugosos entre los funcionarios de la SAT y las empresas que los reciben.
En el socorrido caso de Aceros de Guatemala, en el que se eliminaron demandas por más de 250 millones de quetzales, se dice que el pago del soborno a los empleados de la SAT se hizo con el producto de una devolución de crédito fiscal por 11 millones, del total de 95 millones que recibió la empresa. Eso explica cómo es que un funcionario de la entidad encargada de la recaudación tributaria en el país, tenía más de 2 millones de quetzales en efectivo guardados en su casa, sin duda aguardando para irlos lavando paulatinamente a fin de no despertar demasiadas sospechas.
Si se hiciera una investigación relacionada con las devoluciones de crédito fiscal, sin duda que nos iríamos de espalda al ver el resultado porque tal y como se ha evidenciado en las escuchas telefónicas derivadas de la investigación del caso conocido como La Línea, abundan los “operadores” que tienen contactos eficientes para hacer que la maquinaria de la Superintendencia de Administración Tributaria funcione con una precisión admirable para hacer exactamente lo contrario de lo que constituye su fin primordial. En otras palabras, en vez de ser la entidad que recaude fondos para el Estado, termina siendo la que se hace cargo de extraerle fondos al Estado para alimentar la enorme maquinaria de la corrupción que hay en el país.
Porque hoy estamos hablando del caso de una empresa que, como decimos coloquialmente, cayó con los pies hinchados porque los teléfonos de funcionarios de la SAT estaban bajo la vigilancia de escuchas telefónicas autorizadas legalmente. ¿Puede creer usted, amigo lector, que se trata de un caso aislado, de un solo caso en el que se produce ese negocio de quitarse no sólo ajustes sino hasta demandas penales por defraudación tributaria y, por si todo eso fuera poco, de ajuste recoger cantidades millonarias como devolución de crédito fiscal?
Evasión siempre ha habido y seguirá habiendo, no cabe duda, pero lo que no se puede aceptar es que la institucionalidad tributaria del país esté en manos de largos que usan su poder para ir amasando fortunas que tienen que guardar bajo el colchón en tanto van hallando la manera de lavarlas.
La pregunta es si basta una reingeniería para resolver el problema de una institución aparentemente diseñada mañosamente para terminar, justamente, en lo que hoy vemos. Cuando la podredumbre es desde las raíces hasta la copa, no basta con podar el árbol.
