Jorge Mario Andrino Grotewold.
• @jmag2010
Esta semana hubo nueva noticia sobre las investigaciones que el Ministerio Público y la CICIG llevan a cabo para desarticular los cuerpos clandestinos en el país, y nuevamente la SAT ha sido protagonista, debilitando aun más al sistema de tributación del país y con ello la moral tributaria. Significativo es que, de acuerdo a la información proporcionada, dos empresas del sector privado y sus representantes, también han sido acusados de distintos delitos, algo que desde el inicio de las investigaciones sobre la denominada «la línea», la población ha requerido.
En esta oportunidad, aunque de alguna forma existen las conexiones entre los delitos que se les imputan del caso anterior con el presente, han sido acciones de procesos oscuros e ilegales en el manejo del crédito fiscal, así como de los juicios penales iniciados en contra de empresas por evasión fiscal, las que surgen ahora como actos de corrupción, mientras que las anteriores eran acciones de defraudación aduanera.
Esta situación implica que en la tributación externa (aduanas), las internas (procesos legales e impuestos locales) y en las circunstancias del crédito fiscal (dinero devuelto a las empresas exportadoras) se presume la comisión de actos de corrupción, y por las capturas realizadas, el involucramiento no es exclusivo de personal técnico, sino de funcionarios al más alto nivel, incluyendo Superintendentes e Intendentes, quienes forman el círculo más importante en la burocracia tributaria nacional.
Con estas capturas, se cuestiona… ¿quién está a cargo de la SAT en estos momentos? Un directorio relegado a funciones de validación técnica y política, sin que pueda alcanzar a incidir en la parte operativa o de funcionamiento, no es a donde se puede voltear a ver. ¿Otros funcionarios de menor jerarquía? Además de cuestionar sus capacidades profesionales, la población también se pregunta si estarán involucrados también en estos casos de corrupción. Así, la confianza en el ente tributario, Institución de las más importantes del país, está por los suelos, y lo que es peor, no se vislumbra que mejore en un período corto de tiempo.
El presidente Morales ha sido cuidadoso en cuanto al nombramiento de nuevos funcionarios para la SAT, indicando que respetará el proceso establecido en ley. ¿El Directorio que ha nombrado a los acusados de corrupción deberá designar nuevamente otro Superintendente? La desconfianza se hace presente para seguir un procedimiento que no ha dejado buenos resultados.
Quizá una intervención legal del Presidente hacia la SAT, conjugando los más altos estándares técnicos y de transparencia sea la solución. Con seguridad los entes financieros nacionales e internacionales no querrán esperar meses para alcanzar los cambios. Esta intervención, de naturaleza temporal mientras se conjuga un nuevo modelo de recaudación, podría solucionar y enderezar para 2016 las finanzas del Estado, si es que el Presidente de verdad quiere un cambio y atacar la corrupción de frente.
