Francisco Cáceres Barrios
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A mediados del siglo pasado en nuestro país surgió la necesidad de integrar cuerpos colegiados para dirigir los destinos de las entidades autónomas o descentralizadas del Estado, como también de las organizaciones no gubernamentales e incluso de las privadas. De esa cuenta, a lo mejor todavía influidos por los tiranos y dictadores que habían gobernado el país, surgieron las juntas directivas o consejos de administración para evitar los poderes omnímodos, pues recayendo el poder en una sola persona, permitía desatinos en su administración, dejando el terreno expedito a la corrupción pero, olvidaron aquella terrible sentencia que dice: «Hecha la ley, hecha la trampa» por lo que paulatinamente los consejeros o directivos fueron consintiendo en dejarle al presidente hacer lo que creyera conveniente.
En los casos recién salidos a luz, en el de la directiva de la Federación de Futbol ocurrió que después de haberse fugado el presidente ante los delitos que le imputaban, el resto de directivos declaraban tranquilamente que ellos no sabían nada de los pagos, cobros o comisiones ilegales que venían ocurriendo y en el caso de la directiva del IGSS, hasta se llegó a ignorar el imprescindible requisito del quórum, es decir la mitad más uno de sus integrantes para que una resolución pueda tener plena validez. Lo anterior provocó que totalmente fuera de lógica se haya aprobado con solo dos de seis directivos, la prórroga de dos contratos para el servicio de hemodiálisis por el monto de más de 221 millones de quetzales. ¿En ambos casos los directivos velaron por los intereses de sus representados y en el caso del IGSS por los de los afiliados a la seguridad social?
Lo narrado no es de ahora, viene ocurriendo desde hace rato a ciencia y paciencia de los encargados de velar por el cumplimiento de las respectivas leyes que los rigen, cayendo hasta en la ignorancia de creer que con solo retirarse de las sesiones, van a poder quitarse de encima la responsabilidad inherente, cuando si no dejan constancia expresa de su rechazo o de la no aceptación de las decisiones tomadas, la misma no desaparece. Es así como todavía se preguntaron ¿no solo es responsabilidad del presidente el haber tomado la decisión de que se trate? Pues claro que no, es de todo el cuerpo colegiado, salvo como ya dije, que el directivo haya dejado su expresa oposición a la misma. No cabe duda entonces que si en verdad queremos que la corrupción desaparezca de una vez por todas, habrá que proceder a sancionar sin contemplación alguna a todos los miembros de las directivas que, por haber empleado malas prácticas, provocaron tantos daños y perjuicios a nuestra sociedad.
