Con el gancho de que se propone la reducción del número de diputados, aspecto que la ciudadanía aplaudiría casi en forma unánime, los diputados disidentes de Lider que se mantienen leales a Manuel Baldizón bajo una nueva divisa partidaria, lanzaron la idea de convocar a una Constituyente y, por supuesto, ello abre espacio a un debate que debe ser muy serio y alejado de espejismos como los que ya vivimos en el pasado.
El antecedente de la reforma constitucional promovida por el gobierno de Ramiro de León Carpio, precisamente para atender el clamor ciudadano por una depuración del Congreso de la República, tiene que ser mencionado porque precisamente es un ejemplo de cómo se puede babosear a la población mediante una oferta que en realidad encubre los verdaderos propósitos de la reforma. En ese momento se aprobó cambiar la Constitución para prohibir que el Banco de Guatemala pudiera ser agente financiero del Estado y que le pudiera hacer préstamos, lo cual significó que el endeudamiento interno del país se tuvo que empezar a contratar con la banca privada a tasas de interés elevadísimas, lo cual fue un excelente negocio para el sector financiero y un pésimo negocio para el Estado.
Los promotores de la acción fueron debidamente patrocinados por los beneficiarios directos. El Estado se siguió endeudando mediante la emisión de bonos, pero en vez de que los mismos fueran adquiridos por el Banco Central a tasas de interés razonables, ahora los compran los bancos privados a tasas mucho más elevadas. Fue lo único que cambió porque aquella idea de que se trataba de contener el endeudamiento fue una falacia absoluta.
Viene esto a colación porque si bien es cierto se ha hablado mucho de la reforma constitucional y de la necesaria reforma de nuestro sistema político y de justicia, hay que ver que convocar a una Constituyente con las reglas de juego actuales significa trasladar a los partidos tradicionales y a los politiqueros de siempre el poder de hacer una reforma que les apuntale sus privilegios y que consolide el sistema de corrupción e impunidad que han creado a partir de 1985, fecha del inicio de nuestra transición a la democracia que terminó siendo una transición a la corrupción generalizada que hoy observamos.
La ciudadanía tiene que exigir nuevas reglas de juego para elegir a nuestros representantes y acabar con el monopolio de esos remedos de partidos sobre el proceso electoral. Mientras eso no ocurra, elegir una Constituyente sería darle más poder a los politiqueros de siempre y eso sería un gravísimo error e imperdonable pecado.
