La orden de libertad condicional dictada ayer por la jueza Judith Secaida a favor de los implicados en el turbio caso de tráfico de influencias de la empresa Jaguar constituye una marufia que debe ser denunciada. Porque ahora resulta que basta que un procesado meta recursos para dilatar el proceso para que los juzgadores los dejen en libertad bajo el peregrino argumento de que no pueden mantenerlos presos mientras se dilucidan los recursos maliciosos que interponen los acusados.
En Guatemala los tribunales atrasan muchos procesos, pero hay que decir que abundan otros en los que son los sindicados los que entorpecen el trámite presentando uno tras otro recursos que tienen la finalidad de impedir que se llegue a dictar sentencia. Tal fue el caso, por ejemplo, de los sindicados por la estafa de Bancafé, quienes una y otra vez se iban relevando para plantear acciones dilatorias con la finalidad de esperar a que llegara un juez que les diera la libertad. El proceso de los implicados en el Caso Rosenberg, para ayudarlo a ejecutar su propio suicidio, es otro ilustrativo de estas mafias.
La decisión de la jueza Secaida abre las puertas para que todos los que han sido sindicados de delitos de corrupción salgan como chucho de su casa sin ningún rubor ni empacho. No olvidemos, ni por un momento, que la CICIG tuvo que crearse precisamente porque en Guatemala el sistema judicial está comprometido con la corrupción, y por ello es que hay tanta impunidad y ahora estamos viendo cómo los que operaron para integrar las cortes y para elegir jueces, se benefician de sus mañas.
Es inaudito que personas con el nivel de las que ayer fueron libertadas puedan burlarse de esa forma de la justicia, y tenemos que ponerle ojo al asunto porque esto es apenas el principio de lo que será el fin de todo el esfuerzo contra la impunidad. Abundan, y no por casualidad, los jueces como la señora Secaida que no se ruborizan ante la opinión pública para emitir resoluciones vergonzantes.
Si un juicio se entrampa por acciones de los sindicados no puede usarse ese entrampamiento como razón para dejarlos en libertad para que vayan a su casa en ningún caso, pero mucho menos cuando se trata de gente que se ha enriquecido haciendo negocios mediante el ejercicio del poder, puesto que ello significa haber afectado a la Nación y a sus habitantes, defraudando el mandato recibido de trabajar por el bien común en vez de aprovechar el puesto para hacerse millonarios.
