Luis Fernández Molina
Informa la encuesta –Encovi- que de cada 100 guatemaltecos, 60 viven con menos de Q10 mil anuales y de esos 60, 30 viven con un ingreso menor de Q7 mil 500. Y aunque un poco sesgada, la encuesta no deja de barruntar ese escalofriante escenario. Acaso muchos capitalinos ignoramos o negamos esa realidad. Otros ripostan agresivamente argumentando que, por el contrario, hay más riqueza que se percibe en el tráfico de la ciudad, en los nuevos modelos de carros, en los restaurantes llenos, en los centros comerciales abarrotados, en las ofertas, en los viajes, etc. Es una visión parcial, la mera punta de un gigantesco iceberg que debajo esconde la escoria que preferimos ignorar. Y es una situación que a todos nos afecta; que no celebren con Dom Pérignon en los lujosos salones cuando la quilla del Titanic ha sido mortalmente rasgada.
En este mundo de abstractas estadísticas, otras adicionan datos complementarios. El costo alto de la Canasta Básica (¿Cómo sobreviven?). Otra informa que el salario promedio real de los guatemaltecos es de Q1 mil 400 a Q1 mil 800 (debajo del mínimo) y una más que de 6 millones en capacidad de trabajar (PEA) solo 1.8 están en la economía formal, proporción que llega a 90% de informalidad en el interior. O sea no hay ofertas de trabajo.
Conocemos estos datos desde la comodidad de un escritorio; son impersonales, abstractos. Pero si alguien conoce de primera mano la desesperante situación de los vecinos son los Alcaldes de los cuatro municipios. Algunos laboran en agricultura los 3 o 4 meses de cosecha; otros tienen “su parcelita” y otros pescan algún “chancecito” de vez en cuando, pero ¿qué pasa con la gran mayoría, especialmente de los jóvenes?
El Código de Trabajo regula la figura del contrato de aprendizaje por cuyo medio se enseña un oficio a un trabajador novel y por ello recibe un salario que puede ser menor del salario mínimo, igualmente puede ser despedido en cualquier momento sin responsabilidad del patrono, esto es, sin el pago de la indemnización (bajo el pretexto de que no era apto para el oficio). Esta normativa es deficiente: indica que el contrato de aprendizaje es por “tiempo fijo” más no establece un máximo de tiempo y de allí que muchos empleadores abusen de esta figura y tienen a muchos “aprendices” laborando por varios años (¡nunca aprenden!). En mi opinión se debería reformar este articulado –independientemente del tema de los salarios diferenciados– y no debería ser mayor de uno o dos años.
En ese contexto la propuesta de los Alcaldes debió haber indicado un plazo máximo de dos años por cada trabajador; Q1 mil 500 era muy bajo, debieron ser unos Q1 mil 700 (proponen ahora que sea Q1 mil 600, aún es bajo). Seguidamente establecer que aplicará únicamente a empresas industriales nuevas, nuevas de verdad, esto es que cada cierto tiempo se formen sociedades anónimas con apariencia de ser accionistas diferentes. Igualmente solo podría aplicar a trabajadores aprendices que no hayan laborado en esa misma actividad o industria. El Seguro Social debería implementar un programa especial por ese mismo tiempo de dos o tres años; inscribirlos pero con una cuota más baja –patronal y laboral– o sin cubrir algunos programas como el de vejez; es aquí donde se puede manifestar de llena la muy proclamada solidaridad entre los trabajadores. Entendamos por otra parte que en la ciudad los trabajadores recibirán mayor pago, pero es más alto el costo de vida y que pierden muchas horas (que podrían laborar como extraordinarias) en el pesado tráfico; algo que no sucede en los pueblos. En pocas palabras: el tema merece más análisis.
