Un elemento indispensable en la lucha contra la corrupción es el control efectivo del destino que se da a muchos fondos públicos que por mandato legal o por disposiciones presupuestarias son transferidos a entidades privadas que los manejan, a su sabor y antojo, sin rendir cuentas. A los muchos fideicomisos que existen para evadir los controles, se tienen que sumar esas asignaciones que se hacen a entidades No Gubernamentales, entre estas algunas cooperativas, que reciben aportes millonarios pero sobre cuyo destino nada sabemos porque la Contraloría de Cuentas no cumple con su obligación constitucional de supervisar el uso de todo recurso público.
Se sabe que ese procedimiento, de trasladar fondos a entidades privadas, fue uno de los que utilizó la vicepresidenta Baldetti para concretar la compra de un medio de comunicación pagando con dinero del Estado a los propietarios (una cooperativa) el valor de las acciones que le fueron vendidas. Oficialmente se planteó el tema como un aporte para que los vendedores pudieran hacer “labor social” recibiendo ese dinero público, pero en la práctica nadie sabe a dónde fue a parar el dinero por más que los beneficiados digan lo contrario.
Es imperativo que se adopten medidas para atajar el mal uso de los recursos públicos y no basta con la Ley de Compras y Contrataciones porque ya hemos visto que formas de desviar los recursos abundan y no tienen más límite que el ingenio de cada quien. Desde los vivos que se fraguaron la forma de burlar controles con los fideicomisos hasta los que controlando la Comisión de Finanzas del Congreso elaboran la lista de entidades o fundaciones que manejan fondos públicos sin control, es demasiado el dinero que se dilapida. Y basta que a cualquiera se le ocurra una “idea creativa” para que le asignen millones de quetzales que lo mismo pueden ser usados por quienes se dicen cooperativistas que por aquellos que inventan programas de becas o asuntos por el estilo sin producir nunca la necesaria rendición de cuentas.
El dinero público tiene que servir para financiar los programas del Estado y no para estar beneficiando a particulares que organizan sus entidades para tender la mano a la hora de aprobación de los presupuestos. Quien no tenga capacidad para mantener sus propios proyectos o “caridades”, que se abstenga porque el fisco no debe ser esa arca abierta en la que meten la mano un montón de sinvergüenzas. Simplemente querer determinar el destino de esas asignaciones es una tarea titánica porque el secreto es vital para una gran cantidad de largos.
