Alfonso Mata
Mala administración, escándalos por el despilfarro del tesoro público, injusticitas y abusos y ante esa situación, no se puede olvidar que «Los mercados y la riqueza dependen del gobierno», y en ello éste debe actuar en tres sentidos: evitar los monopolios y prebendas, promover el crecimiento económico, preservando el sistema de la libre empresa, y también crear «un suelo por debajo del cual la calidad de la vida humana del ciudadano no debe caer” La observancia gubernamental en eso ha sido fatal y continuará si no se pone un alto, porque los males nacen no del pueblo sino del Estado.
El gobierno no puede funcionar sin atender «el cumplimiento de la declaración de los derechos fundamentales de los ciudadanos». El gobierno debe trabajar por la los derechos que define la Constitución, dentro de los cuales está el de la salud.
Amplia cobertura, atención eficiente, aumento de proyectos preventivos que prometan ahorrar dinero, detección y curación a tiempo de las personas, y alargar la vida sana, es tema pendiente. Nada de eso se ha logrado y se está haciendo. Por lo tanto, el sistema de salud necesita de pequeños empujes en la dirección correcta, como un restaurante necesita formular menús atractivos para los clientes.
En las últimas décadas, los analistas de la salud, han demostrado que el comportamiento por impulsos ajenos, presiones e ignorancia, ha predominado en la conducción de la política y el ejercicio de la salud. Se han tomado decisiones que no son lo mejor o incluso bueno, para resolver los males de la población. Los políticos han actuado mal, ante las situaciones que demanda la salud y la enfermedad y las limitaciones económicas, sin maximizar alcances y minimizar costos y han asumido posiciones convencionales improductivas durante mucho tiempo. La situación de salud, necesita en respuesta a la crisis «arquitecturas de elección» con eso nos referimos –como lo señaló Sunstein y Thaler– a diseños de entorno en los que las autoridades y los técnicos, tomen decisiones balanceadas y productivas.
¿Dónde están las propuestas universitarias, de los colegios profesionales, de las asociaciones, de las instituciones internacionales, al respecto? La inacción social, puede compararse con la pública. Si los grupos profesionales y técnicos no presentan alternativas de solución, si no se comprometen a una reforma integral, no dejamos de tener responsabilidad en el fracaso. Sin algo novedoso o iluminando, la auditoría social se basa en dimes y diretes; solo la acción técnica y académica de hoy puede convertirse en la solución del mañana, su propósito es arrojar luz sobre la formación de las creencias políticas en general y sobre lo que va mal para enderezarlo.
Los políticos y los administradores suelen transformarse en creyentes de teorías y formas de actuar no adecuadas y suelen estar a menudo mal informados: creen lo que oyen y escuchan personas con puntos de vista extremos o parciales. Las personas y consejeros (muchas veces no calificados) que se han movido dentro y fuera de estos grupos, lo único que han hecho es hacer que el problema empeore. Los que se van, tienden a ser escépticos cuando se van, y lo hacen provocando su influencia moderadora. Cuando una teoría atrae a autoridades que actúan sobre sus puntos de vista, como ha sucedido, desoyendo a los buenos técnicos, lo que se ha provocado es una respuesta gubernamental equivocada, parcial e insuficiente. Ante esa situación, los problemas ciudadanos se incrementan.
La mayor preocupación actual es una anarquía y falta de dirección del sistema de salud, afín con la morbimortalidad nacional, que ha conducido a un comportamiento insensato y de poco beneficio y a un mal uso de recursos, incluyendo una política de temor entre los empleados. Cuando la gente tiene miedo de “los riesgos triviales y se comporta negligente de los graves,» resulta evidente que coloca una asignación errónea del gasto público para combatir los riesgos graves y eso lo hacen patente y evidente, las estadísticas de salud actuales. El gobierno se está preocupando por los peligros equivocados.
Por consiguiente, cómo reformar el funcionamiento del gobierno y de la sociedad, para promover el tema central constitucional «la libertad y el bienestar», debe ser la preocupación primordial de la política y estrategia del nuevo gobierno y su obligación implementarla.
