Francisco Cáceres Barrios
Es preocupante enterarse de las primeras declaraciones de los diputados que integran la nueva Comisión de Finanzas Públicas y Moneda que necesitó reestructuración después de la fuga de varios de sus miembros, pues siguen hablando de lo mismo en relación al presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el año 2016. Se enteran y discuten los ingresos para saber a ciencia cierta si las estimaciones son verídicas; de qué manera se piensa financiar la deuda de arrastre; de cómo se colocarían los bonos para cubrir el déficit previsto o de cómo hacer para no contratar deudas caras a corto plazo, pues los ingresos tributarios difícilmente podrían subir de los Q50 mil millones.
Tal y como ha sido la costumbre, desde el inicio de la llamada nueva era democrática del país, que solo se hacen cuentas de lo que ingresa, pero nadie le pone atención a cómo gastar menos, qué hacer para que sea más eficiente la costosa burocracia y si los gastos del Estado son solo los indispensables. En otras palabras de calidad del gasto ¡nada! Para empezar pregunto: ¿Cómo es posible que los miembros de la citada comisión no se percaten que el sostenimiento del mismo Congreso de la República resulta a todas luces un gasto excesivo e innecesario? Si bien es cierto ellos no tienen injerencia en la administración del Organismo Legislativo, ¿no es más lógico empezar por donde es más fácil determinar si es correcto lo que se paga al excesivo personal en sueldos y prestaciones consecuentes, por cierto totalmente desproporcionados?
En cuanto a la contratación del personal de la administración pública, la tónica seguida desde el año 1985 a la fecha es la misma, la de favorecer al cúmulo de simpatizantes del partido político ganador, desplazando a los que militaban en el partido o en el poder y sumarle otro elevado porcentaje. No es que antes de este período la contratación haya sido diferente, sino que la tendencia al alza fue mucho más sensible y a la vez, más impactante para los efectos del presupuesto de gastos del Estado y, si a lo anterior le sumamos el clientelismo empleado en los pactos colectivos celebrados con los empleados, la relación de los ingresos/gastos resultó todavía más deficitaria para la población que requiere y exige mejor calidad de los servicios públicos.
La revisión entonces que del presupuesto hace el Legislativo previo a su autorización debiera cambiar radicalmente. Debiendo empezar por racionalizar el gasto, por auditar y controlar todo, desde el número de plazas fantasma hasta el excesivo gasto de pasajes, de representación, de viáticos, de celulares, de combustibles, de vehículos, de relaciones públicas como de tanta inútil propaganda.
