La programación de ingresos y egresos de los recursos del Estado no sólo constituye una herramienta indispensable para el buen desempeño de las funciones públicas, sino que además es una obligación de las autoridades, desde las que hacen el proyecto hasta quienes tienen el deber de dar la aprobación final porque así lo establece la Constitución Política de la República. Sin embargo, en los últimos años el Presupuesto General de la Nación lejos de ser esa útil herramienta se ha convertido en el instrumento para facilitar el saqueo y los negocios en los que participan infinidad de personas, tanto funcionarios o dignatarios como contratistas y particulares que se enriquecen con el mal uso de los recursos del pueblo.
Aquellos años en los que la formulación del presupuesto se hacía tomando en cuenta la posibilidad de captar ingresos y luego disponer de ellos de acuerdo a las necesidades del país pasaron a la historia y la que fue una de las dependencias más técnicas del ministerio de Finanzas dejó de serlo para convertirse en la caja repartidora de beneficios, privilegios y trinquetes.
Ni qué decir de la Comisión de Finanzas del Congreso, donde sin el menor criterio técnico se mueven las partidas para engordar el listado geográfico de obras en beneficio de los mismos diputados.
En otras palabras, la herramienta administrativa para garantizar el eficiente uso de los recursos se convirtió en piñata para que la corrupción siga campante y ahora estamos a las puertas de la aprobación de otro adefesio en el que participan tanto el Ministerio de Finanzas como los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso para hacer un mamotreto intragable.
El problema es complejo porque no será fácil componer el mamarracho enviado por Finanzas ni es confiable el trabajo que hagan en ese sentido los diputados. En otras palabras estamos atrapados por los vicios comunes del sistema y el efecto, sea que se apruebe el presupuesto antes del fin de noviembre o que tengamos que operar con el actual, es el mismo.
Luego nos saldrán los funcionarios de Finanzas diciendo que todo lo que hizo fue en ley. Por supuesto que las cosas se hacen en el marco de la ley, pero eso no garantiza que sean hechas sin tráfico de influencias porque la corrupción se ha sofisticado y no es a base de gavetazos.
Los ciudadanos tenemos que aprender a ser no sólo más vigilantes sino más exigentes y menos tolerantes para que todos sepan que deberán rendir cuentas.
