Francisco Cáceres Barrios
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Parece ser que la euforia de los logros alcanzados por la labor desplegada por la CICIG y el MP al encarcelar a la exvicepresidenta Baldetti, como realizar una nueva gestión para quitarle la inmunidad al presidente Pérez Molina, nos ha puesto una venda sobre los ojos para no ver que los principales culpables de los malos manejos de los recursos públicos han sido los diputados, quienes engolosinados por mantener una curul que les proporciona todo un cúmulo de ventajas y canonjías, se han hecho de la vista gorda para cumplir con sus deberes, entre otros, la obligación de fiscalizar al Ejecutivo. Y para colmo de males, por el entendimiento habido entre el Partido Lider y el Patriota, Pérez Molina lucha por mantener su inmunidad, a pesar que cada vez es más evidente su complicidad en tantos delitos denunciados por las entidades mencionadas.
No se necesita ser un profundo conocedor de nuestra historia para saber que la entrega de la estafeta presidencial, especialmente desde el año de 1986, los presidentes y sus partidos se han puesto de acuerdo para que el sucesor se haga de la vista gorda del cúmulo de manejos turbios habidos durante ese mandato, dejando una carpeta que nadie ha sido capaz de abrirla ni siquiera para ventilarla, no digamos para investigar y procesar debidamente a quienes resultaran culpables de los perjuicios causados al Estado y a su población. Como muchas veces se ha dicho, la chamarra ha sido tan grande que todos se han cubierto con ella. De ahí que no extrañó que los del Patriota y los del Lider se hayan conchabado en el Congreso de la República para solo velar por sus intereses personales.
Por ello es que a Pérez Molina le viene del norte las manifestaciones, exigencias o clamores para que renuncie, pues sabe muy bien que si así lo hiciera provocaría el arranque automático de la maquinaria para procesarlo judicialmente, lo que evita aunque sea temporalmente. Por ello insisto en decir que las manifestaciones populares no debieran encaminarse únicamente al Palacio Nacional, para seguirle exigiendo infructuosamente su renuncia al Presidente sino, dirigirse al Organismo Judicial para que a la mayor brevedad conozca la petición de la CICIG y del MP y, una vez trasladada al Congreso cercarlo hasta que la mayoría de diputados necesarios apruebe que Pérez Molina quede sujeto a los tribunales respectivos. De lo contrario, el Congreso será todavía más culpable del caos por el que hoy atraviesa el país, cuando si hubiera cumplido con sus deberes de fiscalizar al Ejecutivo, el logro sería haber evitado que sus funcionarios y empleados cometieran la innumerable cantidad de delitos ahora denunciados.
