Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Seguramente usted se ha preguntado, probablemente sin obtener respuesta alguna, por qué el sistema sigue siendo tan sólidamente apuntalado y defendido por nuestra clase política y sus socios, los financistas de campaña que desde el sector privado se han hecho millonarios o han obtenido privilegios especiales sin importar si son tradicionales, emergentes, del crimen organizado o constructores del Estado.
Y la respuesta no es muy complicada, pues hay una buena cantidad de dinero a disposición de los políticos y sus financistas para ser “hueveados” en total impunidad; impunidad que hasta ahora se ha visto un poco amenazada por la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y un Ministerio Público (MP) que ahora sí tiene en su radar el tema de la corrupción.
Hoy publicamos un reportaje que nos ilustra cómo, las municipalidades del país, tienen a su disposición y sin ninguna fiscalización más de Q10 mil 520 millones de quetzales.
Me atrevo a decir que sin fiscalización alguna, porque el año pasado el presupuesto de la comunas fue de Q10 mil 131 millones y resulta que la Contraloría General de Cuentas (CGC) solo presentó denuncias y sanciones que representan el 2.05% de lo manejado.
No se vaya a confundir, esto no quiere decir que el 97.95% restante se ejecuta de manera transparente o que sirve para resolver los problemas más graves y profundos de las comunidades; solo significa que la CGC no tiene la capacidad de fiscalización y eso hace que el dinero se ejecute impunemente.
A ese incentivo, se le debe sumar el que tienen los diputados para ser los más celosos guardianes del sistema y no me refiero a los pagos en efectivo que se les hace para aprobar leyes o regalar frecuencias, sino me refiero a otros Q14 mil millones que tienen en el Listado Geográfico De Obras, que sirven para ser ejecutados generalmente con aquellos constructores que financiaron las campañas.
Se forma una unión especial entre los diputados, los Consejos de Desarrollo, los alcaldes y los contratistas para repartirse el pastel sin mayor esfuerzo, sin fiscalización y sin que el dinero beneficie a la población.
Por si eso fuera poco, se tienen los Q70 mil millones del presupuesto de la Nación manejado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso (de ahí salen los Q14 mil millones del Listado Geográfico y más de Q8 mil 800 millones que el Estado le da a las municipalidades). Como país tenemos un presupuesto desbalanceado porque gastamos más de lo que ingresamos, pero el sistema es tan bueno que permite contraer deuda sin consecuencia alguna, misma que sirve para satisfacer los intereses de los poderes oscuros (financistas incluidos) aunque seamos los ciudadanos los que pagamos y seguiremos pagando la fiesta.
Si a eso le agregamos que, salvo un efímero despertar ciudadano, la indiferencia sigue reinando en la mayoría, ¿qué incentivo podrán tener los políticos y en especial los diputados, para cambiar las reglas de un juego que les permite jugar con tantos miles de millones de quetzales a los que se tiene acceso financiando o participando en las campañas?
Como todo en la vida, nos guste o no, lo de nuestro sistema también es una cuestión de dinero y por eso es que no cambia. O los ciudadanos no lo entienden o se sienten cómodos siendo asaltados y acaso, a veces les molesta que quien los asalte sea un pueblerino porque si juzgamos por la capital, hay una comodidad tremenda siendo asaltados por alguien de un estrato económico diferente.
El sistema, a puro soplido como el del lobo cuando quiso derribar la casa de los tres cochinitos, no se va a derrumbar y el gran riesgo es que este 6 de septiembre se va a consolidar, mientras serán millones de guatemaltecos los que seguirán marginados, pobres, desnutridos, sin seguridad, sin salud y sin oportunidades.
