Factor Méndez Doninelli
“Estos sujetos actuando como agentes del Estado, deben ser juzgados por violaciones a Derechos Humanos.”
El Gobierno militar, oligarca y neoliberal que todavía preside el impresentable Pérez, por acción u omisión sigue violando derechos humanos de la población guatemalteca y de los servidores públicos. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, conozco situaciones en varios ministerios y dependencias del Ejecutivo donde se obliga a asistentes del despacho, a secretarias y a personal auxiliar a trabajar fuera de los horarios habituales, sin reconocer el pago de horas extras, esta situación recae sobre todo en trabajadoras mujeres. En otros, ilegalmente se retiene el 100% de los salarios sin justificación legal. La corrupción consentida por el impresentable Pérez, ha hecho colapsar los servicios públicos de salud y educación. Los hospitales están desabastecidos y en pésimas condiciones, la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna infantil aumentan, las niñas y niños menores de cinco años siguen muriendo de hambre. En el área rural, las escuelas permanecen en condiciones precarias y se restringe el acceso a la educación. La mayoría de trabajadores particulares urbanos y rurales, carecen de seguridad social y de la protección tutelar de las leyes laborales. A millares de estos trabajadores los empresarios neoliberales les niegan el salario mínimo, insuficiente para cubrir el costo de la Canasta Básica y de la Canasta Vital, mientras autoridades del Ministerio de Trabajo son incapaces de corregir estas flagrantes violaciones.
Tampoco hay progreso con los derechos individuales civiles y políticos. El derecho a la vida, la seguridad y la integridad de las personas no está siendo garantizado por el Estado. La violencia social desbordada y la inseguridad pública, provocan decenas de muertes diarias y rebasan la capacidad de prevención, control y reacción de la Policía Nacional Civil PNC. En días recientes, observamos imágenes difundidas a través de redes sociales y medios de prensa –escritos, radiales, televisivos y electrónicos– de la brutal, abusiva y cobarde acción de un grupo de soldados de la Brigada Mariscal Zavala, captados en San Pedro Yepocapa, departamento de Chimaltenango, mientras propinaban tremenda golpiza a dos adolescentes. Las escenas provocan indignación, son un fiel reflejo del comportamiento abusivo que tiene la soldadesca y muestran con claridad el uso de métodos de tortura, tratos crueles e inhumanos y el abuso de autoridad, de fuerza y de poder que caracteriza a estos individuos de tropa como sujetos violadores de Derechos Humanos.
El Ministerio de la Defensa debe poner a este grupo de cobardes soldados a disposición de la justicia ordinaria. Estos sujetos actuando como agentes del Estado, deben ser juzgados por violaciones a derechos humanos. Si queremos avanzar en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la construcción de democracia, la vigencia y respeto absoluto a estos derechos es ineludible. No se debe tolerar que los militares continúen empleando este tipo de prácticas abusivas e ilegales. He reclamado antes que éstos no tienen nada qué hacer desplegados en las calles, no les competen las tareas de seguridad pública, deben regresar a sus cuarteles y cumplir con las tareas encomendadas en la Constitución Política de la República.
La institución del Procurador de los Derechos Humanos PDH debe cumplir con su trabajo, velar porque el Estado y sus agentes observen, respeten y garanticen la vigencia plena, integral y absoluta de los derechos humanos y actuar sin dilación ante los hechos flagrantes cometidos por los cobardes soldados. Basta al contubernio con el impresentable Pérez.
