El abuso y la prepotencia de los funcionarios del Estado desesperaron tanto a los ciudadanos, que nos hicieron reaccionar y violentamente el pueblo de Guatemala irrumpió en las calles en una protesta masiva inédita que se le ha denominado crisis del Estado. Esta crisis dio resultados positivos: la renuncia por inmoralidad de la vicepresidenta Baldetti, posteriormente la persecución y enjuiciamiento en el caso de La Línea, en el caso del IGSS, persecución de diputados del Congreso y diversas renuncias de altos funcionarios comprometidos y responsables de que Guatemala sea el país del eterno saqueo. Las exigencias populares se dirigen contra la corrupción, la impunidad, la inmoralidad, la renuncia del Presidente y el descrédito del Congreso de la República y del sistema de justicia, especialmente la politización de la Corte de Constitucionalidad y otros organismos. Los ciudadanos y ciudadanas individualmente y sus organizaciones civiles han expresado con claridad que se requiere un cambio radical de la situación político-jurídica, incluso valiosos documentos en campo pagado firmados por analistas, intelectuales, editorialistas, entre otros. Otto Pérez y demás funcionarios señalados, en forma cínica, no han tenido una reacción que demuestre alguna dignidad; los señalados están promoviendo el criterio de la necesidad de los cambios radicales dentro de la «institucionalidad», es decir sin lesionar o desbaratar la institucionalidad que ellos supuestamente defienden. La realidad es que esos citados funcionarios hace tiempo que desbarataron esa tal institucionalidad, violaron y han incumplido los mandatos de la Constitución de la República, la Corte de Constitucionalidad y el sistema de justicia han perdido el respeto de la ciudadanía que les paga sus salarios, no existe estado de derecho, ni existe un sistema realmente democrático, por eso la ciudadanía rechaza estas elecciones, estos partidos políticos y SUS candidatos. Los cambios radicales que exige y necesita la población dentro de la tal institucionalidad son totalmente imposibles, ni el Congreso de la República ni las Cortes tienen la disposición de cambiar radicalmente sus privilegios y por lo tanto solamente pretenden hacer circo para engañar al país. Con la presencia de este Congreso y de esta Corte de Constitucionalidad no se puede esperar un cambio radical en el Estado guatemalteco: «…Estamos en un callejón sin salida». Solo nos queda una posibilidad que daría respuesta a las demandas del pueblo: suspender la vigencia de la Constitución de la República y designar una junta provisional de notables ciudadanos y ciudadanas, que represente a los cuatro pueblos, que administren el país por un período previamente establecido (12-18 meses), que les permita, mediante normativas específicas y con el respaldo del soberano (el único soberano es el pueblo), convocar a una asamblea nacional constituyente, de hombres y mujeres jóvenes que no hayan ejercido cargo público con anterioridad, para desarrollar la nueva ley fundamental que nos permita vivir con dignidad, paz y progreso.
Lic. Américo Cifuentes
