Jorge Mario Andrino Grotewold.
El rechazo a la clase política y la desconfianza que se genera en la función pública van de la mano. Desafortunadamente, una conlleva a la otra, cuando se trata de un alto nivel o de las personas de confianza de quienes son electos o designados al más alto nivel del Estado. Así entonces, cuando un político electo o designado, sin una base técnica suficiente y sin una intención correcta asume un cargo público, el descalabro sobreviene a la función pública.
Los principios fundamentales de una base social determinan, entre otras grandes situaciones, la calidad y requisitos de quienes les representan, por lo que la Constitución Política determina en su artículo 113 que quienes quieran optar a los cargos públicos deben contar con al menos la capacidad suficiente para ejercerlos (estar técnicamente y profesionalmente formados), la idoneidad de las personas para con los puestos a ocupar, deduciendo que formalmente quien tenga una representación local o nacional, debe tener identificación con la problemática del país y una sensibilidad para con la población más necesitada. Ser idóneo también significa que su perfil personal cumple en su vida pública y privada con aquello que la sociedad requiere para un gobierno eficiente, garantizando que se cumpla el estado de derecho. Finalmente, y no menos importante, el artículo indicado refiere a un valor poco reconocido por la población en la clase política y el funcionariado público: la honradez.
Elegir a un candidato entonces, no sólo requiere que se cumplan los requisitos de ley sino, además, debe existir un análisis valorativo de esa honradez, de esa capacidad y principalmente de esa idoneidad que como aspirante a un puesto público, alguien debe tener. Esa valoración le corresponde hacerla indiscutiblemente al Registro de Ciudadanos y al Tribunal Supremo Electoral, quienes además deben revisar con sumo cuidado quienes piensen en hacer función pública, sean probos, idóneos y capaces. De lo contrario, la precariedad en la clase política continuará y más aún, seguirá trasladándose a un funcionariado público mediocre, corrupto y sin vocación de servicio, algo que para alcanzar desarrollo es indispensable.
La función pública o servicio civil entonces, depende en gran medida de aspectos fundamentalmente de origen político/partidista, pues para poder garantizar la meritocracia, la capacidad y la mística del servicio público, deben primero garantizarse una clase política transparente y cumplidora de la ley. Por ello es tan importante la reforma al sistema político electoral mediante la ley electoral y de partidos políticos, pues es una base fundamental para ingresar a ese servicio público a ciudadanos(as) honestos que no busquen negocios en el Estado ni beneficios personales, sino que con el ánimo de aportar, se unan por encontrar soluciones viables para el país, en consenso y con la medición social como premisa básica.
Sin esa profundidad de reformar al sistema y la clase política, el país podrá aprobar cuanta ley considere necesaria e importante, que su aplicación será la misma y no tendrá Guatemala un verdadero cambio, algo que requiere con urgencia antes de tocar un fondo en materia social, política y económica.
Como nota adicional a la temática del presente artículo, es invalorable la pérdida de vidas humanas recientes que se tienen en el país, a raíz de un repunte de violencia, generado principalmente por la impunidad que se está generando a nivel nacional, en donde la sociedad nuevamente pierde grandes valores que hubieran podido cambiar su historia en el presente o en el futuro. Que en paz descansen.
