Francisco Cáceres Barrios
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La ciudadanía sigue preocupada por las elecciones que se avecinan. Sin necesidad de hacer investigaciones de opinión, cualquiera con dos dedos de frente se percata que lo que menos tiene el pueblo es confianza en sus autoridades; tampoco se la merecen los partidos políticos y ahora es cuando más debieran disfrutar de ella los que tienen a su cargo la responsabilidad de sacar avante el proceso electoral, específicamente los funcionarios y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes en vez de ponerse de acuerdo para ganarse la confiabilidad perdida, son incapaces hasta de exponer coordinadamente sus opiniones, criterios, fallos o resoluciones.
La mayor pérdida de confianza en la población surge por la clase de personas que están postulándose para cargos de elección popular. De ahí que podamos asegurar que no hay ni un solo ciudadano que no tenga dudas de sus buenas características, sobre todo de si los candidatos a ocupar cargos públicos tienen o no las calidades a que se refiere el Artículo 113 de la Constitución de la República. Para abundar en detalles, el elector pregunta: ¿son capaces, idóneos y honrados los candidatos? Si lo anterior no se confirma y no dan plena prueba de ello, con mayor razón la mayoría de electores les piden que ni se aparezcan por el TSE con las intenciones de inscribirse.
No cabe otra opción y con esto más, la población masivamente está a punto de emprenderla contra de los magistrados y autoridades del TSE para exigirles que rechacen de plano tales solicitudes pues la ley los respalda. Si los magistrados y funcionarios del TSE persistieran con ese comportamiento indeciso, lo que estarían provocando sería incrementar todavía más el número de ciudadanos que se resiste a concurrir a las urnas o votar nulo en las elecciones de septiembre 2015, lo que resultaría un total contrasentido.
Si los partidos políticos se prestan para que un ladrón confeso se postule de candidato a diputado; que una diputada acusada de haber mal utilizado Q3.4 millones de los recursos públicos en su beneficio; que otro diputado tenga abierto un proceso judicial para quitársele la impunidad por negocios turbios realizados con el IGSS o que un exfuncionario tenga todavía pendiente de aclarar cómo se llevó a cabo una remodelación de una cárcel, es cuestión muy de ellos, pues no sería nada extraño que volvieran a incumplir las demandas populares, razón por la cual, los electores rechazan a estas organizaciones ante tan despreciable proceder. Ahora bien, por las circunstancias que hoy atravesamos, el aceptar tales inscripciones, ¿no sería el mismo TSE el que estaría propiciando la cancelación del actual proceso electoral?
