Eduardo Villatoro
Noticiarios de la noche del domingo y medios impresos del lunes pasado contenían extensos, abigarrados y confusos argumentos para la mayoría de los guatemaltecos ajenos a la jerga jurídica, especialmente cuando el sujeto emisor lo hace deliberadamente, a fin de que sea incomprensible para el vulgo
Me llamó la atención y despertó mi curiosidad, porque nunca antes que recuerde un magistrado de cualquier sala jurisdiccional, menos uno de los que integra la Corte Suprema de Justicia o de la sacrosanta Corte de Constitucionalidad va a descender de lo alto de la cúspide en que se encuentra, para explicar farragosamente a los ignaros compatriotas en materia jurídica procesal las razones en que se basaron tres de los cinco miembros de la CC para amparar a una abogada a la que no se le escapa oportunidad para figurar en primer plano, después de que se desvaneció su ilusión de ser nuevamente jefa de la Fiscalía contra la Corrupción.
Mi atención se centró en el compulsivo afán del señor Molina Barreto de advertir que no estaba tratando de justificar la resolución que tanto barullo ha provocado entre los medios sociales, especialmente en los ámbitos jurídicos, sino que su inocultable apetencia era “explicar” a los conciudadanos el fundamento en que se basaron para dejar sin efecto el fallo de la CSJ de declarar con lugar el amparo planteado por un diputado en contra del todavía presidente Pérez, a fin de fuera despojado de su impunidad, para que ser juzgado como cualquier guatemalteco, señalando las supuestas causas delictuosos que se le imputaron, previa acción pesquisidora.
Con una celeridad que no se había observado en otros casos tan notorios y controvertidos, los magistrados de la CC, en ausencia de su presidente Gloria Porras, decidieron amparar a una ciudadana que, como se ha dicho repetidamente, carece de legitimidad porque no ha sido agraviada personal y directamente y que los argumentos esgrimidos por el diputado Amílcar Pop no son espurios, políticos o ilegítimos, para que se procediera e efectuar la investigación solicitada legalmente.
Sin mayores dilaciones ni insalvables contratiempos o investigaciones retroactivas de resoluciones de la CC en torno a casos similares, pronto me percaté del inusual deseo mediático de “ilustrar”, que “no aclarar” a los profanos guatemaltecos sobre la calificada acertadamente de “aberración jurídica” por el columnista Haroldo Shetemul de Prensa Libre, no es más que asentar su innegable apetencia de promover su reelección en la misma CC, cual vulgar y ambicioso alcalde chinautleco.
Como el mismo magistrado en sus inauditas declaraciones sostuvo en sus aspiraciones, tiene derecho de seguir ocupando una posición en el Estado que le permita atender las primarias necesidades de su familia, conforme sus hábitos y esmeros a que están acostumbrados, con el modesto sueldo que no debe rebasar los Q74 mil mensuales que el patricio percibe por sus invaluables servicios a la nación; más aguinaldo, bono catorce y otras insignificancias referentes a gastos de representación y viáticos.
(El ingrato Romualdo Tishudo se entromete:- Esos ingresos son una insignificancia comparados con el sueldo que un conserje de juzgado de paz percibe en un año).
