Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La inmensa mayoría de los diputados y alcaldes del país están postulados para ser reelectos en sus cargos al amparo de lo que dispone la Constitución Política de la República de Guatemala y de acuerdo a la experiencia de muchos procesos electorales, casi todos van a lograr su propósito porque disponen de suficientes recursos para alimentar el clientelismo que les garantiza el número suficiente de votos para perpetuarse en los cargos.
Si nos tuviéramos que atener a lo que han hecho en su función pública y el voto del ciudadano fuera realmente acorde a un análisis serio y objetivo, honestamente tendríamos que decir que todos perderían su reelección, pero como nuestra democracia es tan peculiar y aquí las elecciones no se ganan con propuestas ni compromiso, sino a base de propaganda encaminada a la compra de votos, la inmensa mayoría tendrán la oportunidad de seguir mamando y bebiendo leche.
Supongamos que de cien diputados que se lanzan a la reelección podemos identificar a cinco (un cachimbo en estas circunstancias) que hayan cumplido con sus responsabilidades como para ameritar ser reelectos, nos quedan noventa y cinco que no sólo incumplieron sino que se prestaron a la venta de votos recibiendo dinero no sólo del Ejecutivo sino también de empresas que gestionaron legislación específica para incrementar sus privilegios, además de participar en el reparto del Listado Geográfico de Obras que significa millones de quetzales a repartir entre los “Padres de la Patria”.
Esos cinco diputados “honestos” lo serían si fueran quienes, conociendo desde sus entrañas el sistema y cómo opera, hubieran sido los que presentaran una iniciativa de reforma constitucional para prohibir las reelecciones porque en el esquema actual las mismas no son para nada democráticas sino producto de la manipulación y la corrupción.
Ayer la diputada Nineth Montenegro, consultada por La Hora, defendió las reelecciones y resulta obvio por qué. Ella misma se ha reelecto varias veces y va tras la que sería su séptima reelección, si las cuentas no me fallan. En otras palabras, su curul es su medio de vida y resulta comprensible, aunque no justificado, que quiera preservarla. Sin embargo, si la diputada Montenegro tuviera realmente esa “convicción de servir y de trabajar para transparentar el gasto público” tendría que empezar por reconocer que este sistema está hecho para alentar la corrupción y reconocer que por más despliegues publicitarios que hizo “fiscalizando”, no logró ningún resultado y que hizo falta que la CICIG destapara la olla de la porquería para que se entienda cómo funciona la cosa.
Por convicción de servir y de transparentar, debió proponer que no haya más reelecciones ni en el Congreso ni en las Municipalidades y debió encabezar con su partido un movimiento contra el sistema en vez de prestarse al juego de apuntalarlo.
Y que conste que estoy hablando de una de las pocas personas que ha sido constante en denunciar corrupción, pero por lo visto no ha llegado a dimensionar hasta dónde está enraizado el mal ni cuán profundo es el cáncer que nos está destruyendo. En vez de seguir siendo golondrina solitaria que no hace verano, podría sumarse al clamor del pueblo para cesar a esa casta política indecente.
