Francisco Cáceres Barrios
fracaceres@lahora.com.gt
El presidente Pérez Molina en su afán de mantenerse asido al cargo alegó la semana pasada no tener ninguna vinculación con los desmadres ocurridos por la corrupción, desvelados por la CICIG en la SAT como en el IGSS, los que llegando hasta agotar la paciencia de la población provocaron en el primer caso, una tremenda carencia de recursos financieros al Estado y en el segundo, hasta la muerte de dieciséis personas afiliadas o beneficiarias de los programas de la seguridad social. Utilizar tan pobre argumento resulta otra señal más de sus pretensiones por tapar el sol con un dedo, pues no hay un solo ciudadano guatemalteco que ignore que uno de los deberes ineludibles del Presidente es velar por los intereses de toda la población, como que las leyes del país le permitían su intervención inmediata al existir de sobra causas justificadas.
Lo que ha venido ocurriendo con Pérez Molina es que fue tanta su ambición que le importaron poco las consecuencias. Olvidó que la actitud aguantadora de la población tenía su límite. Sus intereses no le dejaron intervenir, como sí lo hizo cuando otorgó la perniciosa concesión con menoscabo de los intereses del Estado en Puerto Quetzal; en la pestilente y malhadada Fonapaz y cuando sin escatimar esfuerzos, hasta utilizó la fuerza pública para que se apoderara del IGSS el hoy todavía Presidente de la Directiva. Por lo tanto, nada le impedía detener el desmadre que venía ocurriendo.
¿Cómo es que ahora se atreve a argumentar Pérez Molina que no tuvo nada que ver con lo ocurrido, cuando una y mil veces los no comprometidos medios de comunicación del país se mantuvieron denunciando a los cuatro vientos las barbaridades que la corrupción imperante permitía, como los daños y perjuicios que ocurrían a la vista de propios o extraños, rompiendo también el saco de la paciencia de la población, hasta llegar al punto de exigirle la renuncia a su Vicepresidenta y ahora a él mismo?
El Presidente también pretende pasar inadvertido el principio «que tanto hechor como consentidor pecan por igual» aún más, cuando había ocasionado tanto daño que a pesar de las argucias empleadas, dejó al descubierto el abusivo enriquecimiento ilegal de dirigentes políticos de nuestro país. De ahí que el Presidente no pueda seguir gobernando, debido a su mal comportamiento y por tantas malas actitudes asumidas durante su mandato. Es urgente y forzosamente necesario entonces que sean los Tribunales de Justicia los que investiguen y evalúen la responsabilidad que se le imputa por haber incumplido el deber de velar por los intereses del pueblo y no solo por los propios. ¡Quién nada debe, nada teme!
