Jorge Mario Andrino Grotewold
Si las mesas de discusión a leyes convocadas por el Congreso de la República no alcanzan a tener un resultado positivo, la clase política habrá perdido toda oportunidad de reivindicarse de un período legislativo para el olvido, y la población debiera castigarles con el voto en las próximas elecciones.
Ley de Servicio Civil. Durante años se ha intentado infructuosamente la modificación de una ley que data de 1968, y que evita privilegiar aspectos como mérito, desempeño y profesionalización. El sistema de carrera administrativa debe implementarse con el soporte de una herramienta tecnológica, además de fortalecer mecanismos como la gestión del desempeño, la planificación y un sistema equitativo de selección y contratación del mejor talento humano para el Estado, retribuido con un mecanismo técnico de compensación justo y no discrecional para los amigos(as).
Ley de Contrataciones del Estado. Aprobada en 1992 y parchada varias veces en intentos vanos de mejorar controles y aspectos de transparencia. No es secreto que la ley se diseñó para regular construcciones, dejando como marcos generales los distintos procesos que a pesar de su lógica, no se aplican y se permite el abuso de las excepciones en las compras del Estado. Sin una verdadera autoridad reguladora de estos procesos y sin controles directos sobre la ejecución del gasto público con calidad, los negocios y la corrupción serán los mejores aliados de una ley necesaria de renovar y de alcanzar la institucionalización de procesos no discrecionales. Guatecompras debe retomar su validez, bajo pena de cárcel inclusive, para aquellos que incumplan con su manipuleo o incumplimiento. No más fideicomisos para compras públicas.
Ley Electoral y de Partidos Políticos. Importantísimo cambio obligado para el país, pero no sólo a una ley, sino a toda una cultura política tanto de la población como de los partidos políticos. Aquí debe rechazarse la propuesta anterior aprobada por el Congreso y que ya fue conocida por la Corte de Constitucionalidad, porque solo maquilla al sistema sin darle profundidad en el cambio. Más atinada la propuesta reciente del Tribunal Supremo Electoral, a la cual habría que darle discusión y apoyo, ante los múltiples obstáculos que puede enfrentar el sistema actual que no quiere cambiar. Sin embargo, debe rechazarse el financiamiento público de forma exclusiva, pero sí regular con más fortaleza un financiamiento privado, haciéndolo público y transparente. La votación para los conciudadanos en el extranjero es obligado para lograr la representatividad deseada.
Ley Nacional de Archivos. A pesar de que no existe una mesa de discusión sobre esta normativa, un grupo de instituciones y organizaciones de la sociedad civil han discutido una propuesta integral sobre esta importante ley, tomando en cuenta que Guatemala no cuenta con regulación de este tema, y solamente mediante la Ley de Acceso a la Información, alguna muy poca regulación se alcanzó sobre la forma de documentar la historia antigua y reciente del país, y que conlleve a la modernidad de las Instituciones Públicas, y el fortalecimiento de entidades privadas con índole documental. El Sistema Nacional de Archivos debe instaurarse y fortalecerse a un órgano rector, que exija el cumplimiento de estándares y técnicas para preservar el patrimonio cultural y documental del país.
Si estas mesas y las discusiones se convierten en lo que algunos temen, un disuasivo o una pérdida de tiempo, los políticos representados en el Congreso enfrentarán un rechazo inmediato al haberse burlado una vez más de la población guatemalteca que exige cambios importantes para el país, que fácilmente se pueden otorgar en poco tiempo y con buena disposición, voluntad y decisión política.
