Francisco Cáceres Barrios
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Es bien sabido por todos que la calidad de quienes ahora legislan, como de sus asesores y colaboradores deja mucho que desear, especialmente para la redacción de sus textos, lo que resulta todavía más importante si lo que se persigue es no dejar lugar a dudas en lo que se disponga, pues a la hora de aplicar la ley se arma Troya. Recuerdo con gratitud las enseñanzas de profesionales del derecho de la talla de Vicente Rodríguez, Federico Ojeda Salazar, Gonzalo Menéndez de la Riva, José Rolz Bennet o Mario Aguirre Godoy, quienes siempre insistieron en la necesidad de utilizar no solo los términos adecuados, sino ser claros y concisos, además de ceñirse a los antecedentes, como a la jurisprudencia existente.
A todos consta que a nuestros políticos partidistas, de la divisa que fueran, les encanta andar buscándole tres pies al gato, peor todavía cuando a ojos vista está demostrado que nuestro sistema político colapsó y que continúan haciendo todo lo posible porque la debacle ocurra en la aplicación de aquél refrán que reza: “En río revuelto ganancia de pescadores”. Por eso no hay que darles la mano porque se toman el pie y cuanta cosa puedan más. A todos consta que habiendo normas claras, pretenden interpretarlas a su antojo y hasta aducen que lo escrito no es lo que los legisladores quisieron decir o que no era su espíritu.
De aquí surge la necesidad cada vez más urgente para que la población tome parte activa en la corrección, que sea el fiscal de tantos entuertos, si es que no quiere seguir pagando las consecuencias o cuando menos sintamos van a montar escenarios para perpetuarse en el poder. De ahí que ahora más que nunca debemos exigir que las leyes sean apegadas a derecho, claras y que quienes sean los encargados de aplicarlas emitan fallos congruentes con las mismas sin dar lugar a cualquier duda.
