Las intenciones de marcar un cambio desde el Tribunal Supremo Electoral, (TSE), se han centrado y limitado a la campaña anticipada que, con el respeto que nos merece, no hará la reforma profunda que requiere el sistema político guatemalteco y la revolución en la práctica de los sistemas de elección.
Hoy estamos publicando un trabajo sobre el uso de encuestas por medios, candidatos y sectores de influencia en la que explicamos por qué y para qué se ordenan las mediciones de parte de los involucrados en el sistema político. Una vez más, sale a relucir que el tema principal es el del financiamiento porque estamos en un país en el que no se ganan las elecciones con propuestas y planteamientos, sino que se compran por medio de cientos de millones de quetzales que empeñan la toma de decisiones del poder Ejecutivo.
A eso, al control financiero y de financistas de los partidos y sus candidatos, es a lo que ha renunciado el Tribunal Supremo Electoral que decidió ser árbitro de carrera para ver que nadie se robe la salida y que el evento electoral cumpla en orden con la ubicación de las mesas, la logística de las papeletas y el proceso del sufragio con el necesario conteo final y acreditación a los ganadores.
El tribunal no parece ser tan Supremo como lo quieren plantear en su nombre y el gran elefante en la sala sigue siendo invisible por la atención que se le quiere dar a los otros temas que, de igual manera, terminan en un desafío claro y abierto de quienes se presentan como salvadores de la patria en el mismo momento en que incumplen la ley.
Depende entonces, una vez más, de la voluntad de un pueblo que no tiene voz para alzar y no tiene paciencia que se agote. Una vez más, la fiscalización social será la única instancia de control que queda pero que, al final, termina difundiendo datos a una ciudadanía a la que no le importa si es Chana o Juana quien manda y no le interesa el método por el que se hacen de plata las campañas y, después, fallan las decisiones de los gobernantes.
