Fernando Mollinedo C.
¿Qué porcentaje del dinero será el robado al Estado por los funcionarios y empleados públicos, que saquean el erario nacional sin consecuencias penales? ¿Cuántos ilícitos se cometen y no son perseguidos ni de oficio ni por denuncias concretas? Las instituciones del Estado, responsables de la averiguación, “duermen” los procesos o bien, los engavetan para su justo sueño.
Pareciera que el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, están integrados por dirigentes y partidarios de varios partidos políticos que actúan más como políticos que como fiscales o contralores del erario nacional.
El eufemismo de que los tres organismos rectores de la vida del Estado son independientes, sólo se lo creen quienes tienen interés en alguno de ellos, y les sirve para justificar algunas medidas administrativas. Sin embargo el sistema político de Guatemala siempre ha estado y lo está a la voluntad del Presidente de la República.
El organismo Judicial está plagado de jueces indignos a quienes la judicatura que ejercen, les ha servido y les sirve para lograr el ascenso económico vertical por el que han luchado desesperadamente para salir de su condición económica inicial. Es por esa razón que los jueces no son jueces, son políticos. Y actúan como tales. Aunque es de reconocer, que los hay muy decentes.
Sin embargo, hay entes económicos rectores de la vida nacional y son quienes toman todas las decisiones en los poderes del Estado, incluyendo los poderes fácticos. ¿Son ellos quienes dictan las sentencias en las Altas Cortes? ¿Es ese el “Soviet Supremo” que determina quién es sometido a la justicia y quién va preso o no, o que nunca será uno de ellos? Hay casos en que por más pruebas que se aporten, jamás irán a la cárcel.
¿Por qué razón –válida– la Contraloría no ha investigado las fortunas de los funcionarios entrantes y salientes como lo ordena la ley que los obliga a demostrar el origen de sus bienes, antes y después del período en que fueron gobernantes? pues de lo contrario pueden terminar en las cárcel y sus propiedades incautadas.
Estos entes de poder paralelo los integran jueces políticos, fiscales políticos, policías y militares políticos asalariados, retirados y/o jubilados, comerciantes, religiosos católicos y protestantes, banqueros, industriales, agroexportadores, terratenientes y financistas, políticos todos, incluyendo a los “facilitadores” de sueños y alegrías pasajeras por medio de mercancías de consumo personal legalmente prohibidas.
A guisa de ejemplo: ¿Habrá terminado la época en que El Tribunal Supremo Electoral, integrado por políticos continúen sujetos a lo que ordenen los empresarios políticos de diferentes grupos paralelos? ESPERAMOS QUE SÍ.
