Cuando hablamos de una reforma de fondo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no debería limitarse a modificar reglas de campaña. Ya que el problema central es que el sistema actual favorece la concentración de poder en las cúpulas partidarias, dificulta la representación territorial efectiva y no genera suficientes incentivos para construir partidos permanentes y democráticos, además de las mafias que se generan alrededor de las instituciones partidarias, que es realmente el pecado original de toda corrupción.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos es una ley de rango constitucional, por lo que su reforma requiere el procedimiento y mayoría calificada correspondientes. Además, el tema es especialmente oportuno: El Tribunal Supremo Electoral ha venido trabajando durante 2025 y 2026 en modificaciones reglamentarias de cara al proceso electoral de 2027, incluyendo fiscalización, voto en el extranjero y medios de comunicación.
Una reforma integral alrededor de diez grandes cambios:
- Cambiar la forma de elegir diputados. Este probablemente sea el punto más importante. El ciudadano debería tener mayor capacidad para decidir qué persona llega al Congreso, y no limitarse a votar por una lista elaborada previamente por la dirigencia partidaria. Una alternativa serían las listas abiertas o desbloqueadas, conservando un componente proporcional para no excluir a las minorías. Precisamente el sistema de elección y representación de diputados –incluido el artículo 203– aparece desde hace años entre los asuntos objeto de iniciativas de reforma.
- Fortalecer la representación distrital. Debe revisarse el tamaño y diseño de los distritos electorales para acercar al diputado al ciudadano. En distritos demasiado grandes, el elector termina votando principalmente por símbolos partidarios y tiene poca relación con sus representantes. Podría estudiarse un sistema mixto: una parte de diputados electos territorialmente y otra mediante representación proporcional.
- Democratizar los partidos políticos. Las decisiones fundamentales de las candidaturas, autoridades internas y plataformas, esto de carácter obligatorio con la anuencia del Departamento de Organizaciones Políticas, no deberían quedar exclusivamente en manos de secretarios generales y pequeños grupos dirigentes. La Ley Electoral y de Partidos Políticos debería exigir procedimientos internos democráticos, publicidad de las decisiones y mecanismos efectivos para que los afiliados puedan participar. Esto ayudaría a transformar los partidos de vehículos electorales temporales en verdaderas instituciones políticas.
- Regular mejor el financiamiento político. No basta con imponer límites. Debe poder conocerse, de manera sencilla y prácticamente en tiempo real, quién financia a quién, cuánto aporta y cómo se utiliza ese dinero. Los aportes, gastos y contrataciones relevantes deberían publicarse en una plataforma electrónica accesible al ciudadano. El financiamiento y su fiscalización siguen siendo asuntos centrales en la discusión electoral y en las reformas reglamentarias recientes del TSE.
- Diferenciar los errores administrativos del financiamiento ilícito. La fiscalización debe ser rigurosa, pero también proporcional. No toda deficiencia contable debería producir automáticamente consecuencias que puedan afectar la existencia de una organización política. La ley debería distinguir claramente entre errores subsanables, infracciones administrativas graves y conductas deliberadas destinadas a ocultar dinero ilícito.
- Revisar profundamente el régimen de propaganda electoral. La reforma de 2016 buscó mayor equidad, pero la aparición de redes sociales, plataformas digitales, influencers, publicidad segmentada y campañas indirectas exige reglas nuevas. Debe existir transparencia sobre quién paga publicidad política digital, cuánto paga y a quién está dirigida, sin convertir al TSE en censor del debate político.
- Fortalecer la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Una reforma electoral seria debe revisar los mecanismos de selección de magistrados, fortalecer la carrera técnica electoral y garantizar autonomía presupuestaria y administrativa. Al mismo tiempo, las facultades sancionadoras del TSE deben estar claramente delimitadas y sujetas al debido proceso, tener una fiscalía autónoma lejos del Ministerio Público con el objeto de que no se tergiverse la ley a antojo de poderes fácticos de turno.
- Regular las campañas anticipadas con criterios objetivos. Actualmente puede existir una zona gris entre libertad de expresión, actividad política, proselitismo y propaganda electoral. La ley debería establecer exactamente qué constituye propaganda anticipada. Un ciudadano o dirigente político debe poder expresar opiniones, participar en debates y recorrer el país sin que toda actividad política sea automáticamente considerada campaña ilegal.
- Fortalecer el voto de los guatemaltecos en el extranjero. No basta con reconocer formalmente el derecho. Deben simplificarse empadronamiento, actualización de residencia, centros de votación y mecanismos administrativos para hacerlo efectivo. El propio TSE incluyó el Reglamento del Voto en el Extranjero dentro de las reformas trabajadas para el próximo proceso electoral.
- Establecer partidos permanentes y no solamente electorales. Podría exigirse actividad política y formación cívica comprobable entre elecciones, presencia territorial real, rendición de cuentas de las estructuras municipales y departamentales y programas de formación política. Al mismo tiempo, deberían revisarse los requisitos para crear partidos, buscando un equilibrio: impedir partidos puramente artificiales sin convertir los requisitos legales en una barrera que proteja a los partidos existentes.
El cambio que podría transformar el sistema debería ser de una reforma estructural, comenzaría por la elección de diputados. Actualmente existe una distancia enorme entre elector, partido, diputado. La reforma debería acercarnos a: elector, candidato, diputado, rendición de cuentas, ante su distrito.
Por eso estudiaría seriamente un modelo electoral mixto para Guatemala. Por ejemplo, mantener los 160 diputados, pero dividir su elección entre representantes territoriales y representantes proporcionales.
Esto tendría una consecuencia política importante: reduciría el poder que actualmente tienen las cúpulas partidarias para decidir quién ocupa los primeros lugares de las listas.
Empero la Ley Electoral y de Partidos Políticos debería contener un verdadero régimen de responsabilidad democrática del partido. Si un partido recibe financiamiento público, debería estar obligado a demostrar democracia interna, transparencia financiera, formación política y presencia territorial.
Los partidos políticos no deberían funcionar como una franquicia que aparece cada cuatro años. El propio Congreso mantiene numerosas iniciativas relacionadas con reformas a la Ley, algunas referentes precisamente a financiamiento, representación, integración del Congreso, voto en el extranjero, propaganda y derechos de afiliados.
Si lo que buscamos es hacer un planteamiento más fuerte, puedo convertir estas ideas en una columna de prensa titulada “La reforma electoral que Guatemala necesita”, abordando especialmente listas abiertas, reducción del poder de las cúpulas partidarias, elección de diputados por distrito y financiamiento político.
Cabe recordar que esta ley está vigente desde 1985, cuando se emitió el decreto 1-85, durante su año de promulgación, ha tenido reformas de forma, pero no de fondo, es aconsejable, que al reiniciarse este mes, el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República, las autoridades de dicho organismo, hagan los acercamientos con políticos, diputados de la comisión de dicha ley y la directiva del Legislativo, para hacer reformas de dicha norma y se ratifique que dicho Tribunal, es de rango constitucional y se le debe dar la jerarquía a sus resoluciones, dicha ley, que tiene supremacía en todo evento electoral.
En las elecciones del 2023, el Ministerio Público, al mando de la desastrosa María Consuelo Porras Argueta, trató de violentar los comicios, con argumentos legales, aplicado la «ley del crimen organizado», donde jueces penales se asociaron al ente investigador, violando la Constitución, que dio origen a protestas populares, de grupos indígenas, exigiendo que se respetara la voluntad del pueblo y se aplicara lo que norman las leyes de la materia.
En razón a los conflictos que se dieron en esos comicios, se violó la Constitución y la ley que norma todo evento electoral llegando a lo peor de esas violaciones que se intentó por el MP e inventar un supuesto golpe de Estado, para que los electos para los puestos de elección popular, entre ellos el hoy presidente Bernardo Arévalo de León, no tomara posesión de su cargo, se allanaron las oficinas electorales y se decomisaron los sufragios de ese evento y para rebasar el abuso, el Ministerio Público, encausó a cuatro magistrados titulares que fueron separados de sus cargos, causando ese hecho, una violación flagrante a la ley que norma todo evento comicial.
Los magistrados de ese organismo se reunieron con los diputados de la comisión de asuntos electorales, para hacer reformar de fondo a dicha ley, en la actual legislatura, no se ha logrado ese objetivo y es urgente que los nuevos funcionarios electorales, hagan acercamientos con el Congreso, para reformar dicha ley, que en el correr de los años y los cambios políticos que ha tenido el país en la «supuesta era democrática», se proceda a hacer esas reformas, para darle confianza al elector, que desconfía de los políticos, que en todo evento electoral, hacen ofrecimientos y no los cumplen.
Las reformas que recomendamos es evitar el financiamiento anónimo que ofrece el sector privado, narcos y políticos de viejo cuño, el transfuguismo que se da en aspirantes a puestos de elección popular, exigir a la Contraloría General de Cuentas, haga auditorías en las finanzas de los partidos políticos, evitar la reelección de diputados y alcaldes, que se aferran a sus curules y a la silla edilicia, explotando a sus electores y no cumplen con lo que ofrecen en las campañas políticas. Se debe supervisar a los partidos políticos y establecer con prueba documental, que efectivamente tienen los afiliados que señala la ley, accionar contra los aspirantes al Ejecutivo, diputaciones.
El problema que se da en los procesos electorales y se ha visto en los últimos años, la incapacidad y falta de autoridad de los magistrados electorales, que en el proceso pasado se dejaron manipular por el Ministerio Público y no se respetó su jerarquía.
Los magistrados de la octava magistratura de la Corte de Constitucionalidad, sienten un precedente, dando validez en el proceso electoral, debieron certificar lo conducente para abrir proceso contra Porras Argueta y sus cómplices, al violar la Constitución.
Se espera que, en el proceso electoral del 2027, no se produzcan los incidentes que se registraron en las elecciones del 2023, que la ex fiscal general Porras Argueta, y sus asociados, ordenaron la aprehensión de dirigentes indígenas, guardan prisión, desde abril del año pasado y el nuevo jefe del MP, Gabriel García Luna, está obligado a instruir a los fiscales, para que desistan de las acciones contra los valientes dirigentes que sacaron el pecho y exigieron se cumpliera con la voluntad del pueblo. Reiteramos que es urgente se haga reforma de fondo a la obsoleta Ley Electoral y de Partidos Políticos y se cumpla con el mandato constitucional, que indica que todo proceso electoral, se debe sustanciar y resolver dentro de la materia que dice la Constitución, actuar en contrario, es violentar el Estado de Derecho y una violación clara a la carta magna.
