La corrupción se define como el abuso de los administradores de la burocracia, para obtener un beneficio de carácter privado, sea de tipo económico, de estatus o personal, o bien un fin electoral y político. Este acto o actos implica que una persona investida de autoridad (en el sector público o privado) actúa de forma deshonesta o ilegal, rompiendo las reglas para favorecerse a sí misma o a terceros en lugar de buscar el bien común.
Conceptos clave para entenderla. Dentro del origen etimológico, CORRUPCIÓN proviene del latín corrumpere, que significa literalmente «dañar, destruir, alterar o pervertir el estado natural de las cosas». En relación a la definición institucional la misma refiere que las organizaciones globales como Transparencia Internacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) coinciden en que ocurre cuando los intereses particulares se anteponen ilícitamente a las obligaciones de un cargo de confianza. Desde la perspectiva lingüística el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) describe a la corrupción en un sentido amplio como el deterioro de los valores, usos o costumbres de una sociedad.
Dentro de las principales características de la corrupción están sus modalidades como el soborno, que es el acto de ofrecer algo, solicitando recibir dinero u otros bienes u objetos a cambio. Así mismo, el peculado o malversación se define como la acción de utilizar fondos o recursos públicos para fines totalmente ajenos a su destino original, en beneficio de una persona en particular. Otra característica es el Tráfico de influencias que utiliza el prestigio o los contactos personales en el gobierno o empresas para obtener un trato de favor o acelerar trámites. El Nepotismo es definida como la acción de otorgar empleos públicos o concesiones a familiares o amigos cercanos, sin tomar en cuenta sus méritos ni su capacidad profesional. Todo lo anterior tiene consecuencias sociales y económicas en lo que se debilita la democracia, destruyendo la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y en el sistema de justicia, y viéndose afectados de manera directa en los servicios esenciales como lo son salud, educación e infraestructura, sin olvidar el alza de los presupuestos de la nación. También afecta de manera directa los servicios públicos al desviar el dinero que debe ser utilizado en construcción y remozamiento de escuelas, hospitales y carreteras. Aumenta la desigualdad al favorecer a un grupo o sector con poder económico o político, frenando el desarrollo de los sectores más vulnerables.
Por lo anterior, la corrupción es un mal endémico de todos los gobiernos sin excepción, en la era «democrática, donde sus autores han sido funcionarios, empleados de confianza y del sector privado, se han asociado con sujetos que han asaltado el poder por cuestiones políticas, de pobres que amasan fortunas millonarias, viven una vida de placer a costa del pueblo, especialmente del que vive en regiones remotas, a falta de dinero para curar sus males, se arropa con su familia para sobrevivir, por tener una enfermedad incurable, su existencia se extingue, dejando la madre, el padre y el familiar más cercano, a hijos sin sustento diario, que se ven obligados para sobrevivir e involucrarse en pandillas, el crimen organizado a costa de extorsiones.
Existen instituciones que, por ley están investidas para investigar, denunciar, juzgar y condenar a los responsables de saquear al Estado, obligarlos en un proceso imparcial y dentro del Estado de Derecho, condenarlos a prisión, obligarlos a resarcir al erario nacional, reembolsar el dinero mal habido, deducirles responsabilidades civiles, penales y de otra índole.
Sin embargo, en la administración de María Consuelo Porras Argueta, al frente del Ministerio Público, no cumplió con el mandato que regula la Constitución y las leyes de la materia. En el gobierno anterior que presidió Alejandro Giammattei Falla, quien la nombró para un segundo periodo como Fiscal General, se asoció a éste y a otros funcionarios y los blindó para no ser juzgados por corrupción, como ya se relacionó ha sido una epidemia lesionada, especialmente en el ramo de Salud Pública, a miles de connacionales, especialmente aquellos del área rural, que se trasladan a la capital para ser atendidos en los hospitales de mayor extensión: Roosevelt y San Juan de Dios, entre otros, que a diario sus directores se quejan de falta de medicinas, de personal, para auxiliar a los que necesitan atención médica.
El derecho a la salud es un hecho fundamental para el ser humano, dice la Constitución y agrega: El Estado, indica la carta magna, velará por la salud social de todos los habitantes. Entre los ministerios en donde la corrupción ha sido un fenómeno incurable, está el de Asistencia Social, que es dirigido por un prestigioso profesional de la medicina, Joaquín Barnoya, que puso al descubierto una denuncia que hizo en el Ministerio Público, que debe reabrir, ya que la nefasta ex fiscal del Ministerio Público y sus comparsas engavetaron para favorecer a los funcionarios y empleados de esa cartera que nuevamente han sido sindicados de serias irregularidades, de una corrupción de varios millones en la adquisición de un medicamento, el que se pagó a la empresa varios millones de quetzales durante la pandemia del SARS Covid-19, que no fue recibida y se culpa a quien en esa época dirigía la cartera del Ministerio de Salud, a empleados de confianza de los hospitales, Roosevelt y San Juan de Dios y la empresa que fue contrada para entregar el medicamento.
La información que se dio en conferencia de prensa con detalles de nombres y sumas millonarias pagadas se dio a conocer y se exige al nuevo fiscal general García Luna, reabrir la investigación, trasladarla a los tribunales y enjuiciar, al o los responsables de esa descarada e inhumana corrupción. Varios que resultaron afectados por la pandemia, murieron al no recibir no sólo atención, sino el medicamento adecuado por esa terrible epidemia mundial que afectó a miles que pasaron a mejor vida.
El caso no debe quedar impune, García Luna está haciendo una limpia en el MP, debe deducir responsabilidades al o fiscales que en su momento recibieron esa denuncia, la engavetaron con instrucciones de la mal llamada Fiscal General y accionar contra ellos no sólo en tramites rutinarios de rutina administrativa, sino en deducirles responsabilidades civiles y penales, para sentar un precedente.
Si hablamos de corrupción, como se ha dicho en este espacio, ningún gobierno por muy democrático se salva. En esta administración, se han denunciado casos en el Ministerio Público que son sustanciados en los tribunales, los juzgadores deben ser imparciales y deducir las responsabilidades que en derecho proceden dentro de un debido proceso.
Pero terminar es necesario la denuncia en las instancias públicas como las mediáticas, para evitar que la corrupción sea letra muerta y cumpla con el adjetivo que la denuncia mueva a las instituciones de justicia para repeler la misma y evitar que políticos, empresarios y funcionarios de gobierno, se agencien de sumas de dinero a costa del pueblo quien solicita mayor cobertura y calidad en educación, salud, red vial que reactive la economía, dar ocupación a miles de desempleados, máxime los conciudadanos que por miles han sido expulsados por el corrupto e indeseable gobierno de los Estados Unidos.
