Wálter Juárez Estrada.
La misión de la justicia, es ser guardiana del derecho y cumplir con lo que norma la constitución, la columna vertebral de la democracia, juzgar sin presiones y con absoluta independencia de los otros organismos del Estado. Sin embargo, los últimos años, el Organismo Judicial, fue secuestrado por el pacto de corruptos y resolvió intereses foráneos, alejados de la buena y correcta administración de justicia .La actual legislatura, dominada por el partido oficial y sus aliados, por más de 4 años en la presidencia de Allan Rodríguez y Shirly Rivera, desacataron la sentencia de la 7ª. magistratura de la CC. que ordenó a los diputados, elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de apelaciones, de viva voz y voto razonado.
El alto tribunal Constitucional, de oficio ordenó a los diputados proceder a la elección de los nuevos magistrados, advirtiéndoles que de desacatar esa “orden” se accionaría en su contra por desacatado. En dos sesiones express los congresistas cumplieron la sentencia y hay una nueva CSJ. y salas de apelaciones, con abogados que tienen vínculos con operadores políticos y se duda por supuesto, de su imparcialidad.
Los nuevos jueces del máximo tribunal de justicia, deben resolver con imparcialidad y evitar una censura del pueblo. Tienen una braza caliente: declarar inlimine las solicitudes de antejuicio contra el binomio presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y Karen Herrera, declarados electos futuros jefes del ejecutivo. Las acciones que emprendió con los futuros gobernantes el MP. es espuria y política y no tiene matera para despojar de la inmunidad a los imputados que el ente investigador, con otros personajes políticos y académicos de la USAC. Les imputa hechos que los relacionados niegan y acusan de sucias maniobras a la fiscal general Porras Argueta, para impedir su toma de posesión.
La Corte anterior, prolongó sus funciones por más de 4 años. Durante su gestión los magistrados se plegaron a las órdenes del ejecutivo, procesando a fiscales, jueces y periodistas. Los juzgadores Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán, Ruano y otros, y fiscales como Juan Francisco Sandoval y comunicadores sociales, se vieron forzados a autoexiliarse por las resoluciones espurias de los ex jueces que en proceso viciado en el Congreso fueron “elegidos” por los diputados a la razón de los ex partidos PP y Líder.
Estamos viviendo un proceso post electoral, saturado de intrigas, vicios y una judicialización sin precedentes y el pueblo ahora, especialmente las agrupaciones indígenas se han conjuntado para luchar porque en Guatemala, prevalezca la democracia, el estado de derecho y la voluntad expresada en los comicios de junio y agosto.
La comunidad internacional ha jugado un papel de primera línea, haciendo severas advertencias al MP. Los dirigentes del ejecutivo, deben cumplir con la expresión soberana de los guatemaltecos, so pena de tomarse acciones drásticas de quebrantarse la expresión en las urnas. La Constitución dice que la justicia se imparte de conformidad con la carta magna y se pone a prueba si los nuevos magistrados de la Corte y salas de Apelaciones, son idóneos, honrados y capaces. Aunque por ahora se duda, por la forma que fueron elegidos por los grupos oficialistas y sus comparsas
