Alejandro Eduardo Giammattei Falla, en dos ocasiones anteriores de postuló para la Presidencia de la República, y fue derrotado. Hace cuatro años se somete al voto popular, logró el balotaje y ganar a su contrincante Sandra Torres. El hoy mandatario en su campaña política hizo promesas: que combatiría la corrupción, que trasformaría la Secretaría de Seguridad Presidencial, que propiciaría una reforma para que Guatemala se saliera del PARLACÉN, que el Sistema Penitenciario sería para rehabilitar al privado de libertad y construiría centros de prisión y evitar el hacinamiento en los 22 centros y otras promesas que en el correr de los cuatro años, no cumplió.
Giammattei, quedará marcado como un presidente prepotente y no demócrata, según lo han dicho los dirigentes de los grupos indígenas de los cantones de Totonicapán y Sololá, que insisten con la salida del Ministerio Público de Consuelo Porras, de Rafael Curruchiche, del juez Fredy Orellana, a quienes se les acusa de intentar un autogolpe de Estado para que el presidente electo Bernardo Arévalo, no tome posesión el 14 de enero como regula la ley.
Giammattei, es de esos políticos que les interesa amasar fortuna, aliarse a grupos corruptos para blindarlo y se olvida del pueblo que exige seguridad, salud, educación, entre otros, que la corrupción no sea un aliado para proteger a los que por años se han aferrado a sus curules en el Congreso. En la administración actual el gobernante sea ha erigido en un dictador, al tener el control de todos los organismos del Estado. Es autoritario y prepotente que marginó al vicepresidente Guillermo Castillo, con quien ha tenido serias divergencias y que por dignidad debió renunciar.
El “autoritarismo” sistema fundado en la sumisión a la autoridad “…” democracia “doctrina política favorable del pueblo en el gobierno. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado” dice la Real Academia de la Lengua. A raíz de las violentas acciones del Ministerio Público, autorizadas por un juez penal, para secuestrar el material electoral de las elecciones de junio y agosto, Giammattei, no se pronunció y el pueblo lo dio por hecho que las aprobó.
Si bien es cierto que la Ley Orgánica del Ministerio Público, no autoriza al presidente para remover a la fiscal General y jefe del Ministerio Público, si le puede pedir su dimisión, la que ha sido reiteradamente demandada por miles de guatemaltecos que se unieron al conocer que se trata de no permitir la ascensión al poder del presidente electo Arévalo, que ha originado manifestaciones masivas en todo el país, que la comunidad internacional por varias vías ha insistido que se debe respetar la voluntad del pueblo, expresada libremente en las urnas. De no permitir la toma de posesión de los candidatos del Movimiento Semilla, anuncian sanciones para Guatemala, con serio perjuicio para el comercio y podría ser expulsada de organismos internacionales.
La Corte de Constitucionalidad, se ha plegado al autoritarismo de Giammattei y ha resuelto a su conveniencia, lo que ha originado severas críticas a un organismo que fue creado como columna vertebral para que el Estado de derecho constitucional se respete y no se vulnere.
Giammattei, debe responder al pueblo que lo eligió y no prestarse al juego sucio del Ministerio Público, sería un golpe duro para la democracia, que podría originar hechos violentos de grupos que por varios días se mantienen apostados frente a las oficinas del Ministerio Público, aquí y en las fiscalías del interior, que podría desbordar en gravísimos incidentes y la fiscal general María Consuelo Porras, debe demostrar que los puestos en la administración pública, son temporales, considerada como no idónea y se reitera su dimisión o su destitución, si el Congreso, reforma la ley Orgánica de la entidad que la protege.
