El proceso electoral tiene dos caras, con nombres y apellidos: Alejandro Eduardo Giammattei Falla, presidente de la República, quien ordena al Ministerio Público y al Organismo Judicial, en anular las elecciones del 25 de Junio y el 20 de Agosto. Un hecho inédito que quedará para la historia jurídica-política de Guatemala, que ha sido blanco de severas críticas, a nivel nacional e internacional. Si bien es verdad que el gobernante ha sido claro en decir a su sucesor Bernardo Arévalo de León, que le entregará el cargo el 14 de enero, como norma la Constitución, las dudas no despejan las interrogantes. El Presidente dice, la Carta Magna, representa la unidad nacional y tiene la responsabilidad que los hechos que hasta hoy han sucedido después de las elecciones de junio y agosto, no sea una tragedia donde correría sangre y Guatemala, expulsada de los organismos internacionales, que han dicho de manera puntual, que se debe cumplir con el mandato del pueblo y no trastocar un proceso que entre luces y sombras se ha empañado por las violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con rango constitucional. Y una ley ordinaria, no es superior a la ley que regula un proceso electoral.
Es el jefe del ejecutivo que en estos días negros de un proceso pre electoral, debe decidir el futuro de los funcionarios del MP que en contravención a las leyes de la materia y supuestamente “cumpliendo una orden judicial” violentaron las cajas receptoras de votos con lujo de fuerza, allanaron con una aparato de seguridad nunca visto, secuestraron toda la documentación que daba fe de las elecciones donde ganó la presidencia el candidato del Movimiento Semilla, que tiene el respaldo del pueblo y de los organismos internacionales, que han sido drásticos y severos por las acciones expurias e ilegales de la fiscal General Consuelo Porras y del jefe de la FECI. Quedarse callado lo convierte en cómplice.
Porras y Curruchiche, están contra la espada y la pared y con el peso de que si renuncian, podrían ser encausados por las acciones arbitrarias en el proceso electoral y si se les absuelve de las ilegalidades en su gestión, salir al exilio “obligado” serian rechazados.
- UU. los tiene en la lista negra y les ha vedado el derecho de pisar su territorio a igual que otros países americanos y europeos. Los referidos togados están con la soga al cuello y en un callejón sin salida y es, Giammattei, que debe decidir su futuro si los destituye o dejan el cargo, lo que se ve difícil.
El proceso electoral, oficialmente termina el 31 de este mes. El órgano electoral, para evitar que siga las acciones ilegales de jueces y el Ministerio Público, podría ampliar el plazo del cierre del evento comicial. Se cree que lo que pretende el MP y los jueces es plantear la nulidad de las elecciones. Los grupos conservadores hasta hoy, no aceptan el triunfo de Bernardo Arévalo, pedir la nulidad de las elecciones y el Congreso, cometer un error constitucional, como sería prolongar las funciones de Giammattei, un hecho que nadie debe aceptar porque sería vulnerar la voluntad de los guatemaltecos que eligieron al candidato que en las encuestas no aparecía y que dio la sorpresa de ser el triunfador en un evento que desde un principio cuando se convocó a elecciones, ha discurrido entre una nebulosa de desconfianza y en un Tribunal Supremo Electoral, que a última hora se plantó, pero sus peticiones han quedado en el limbo con una CC sumisa que ha violado la Constitución y que debe demostrar que fue instituida para defender la Carta Magna, no sea medias tintas.
Para que la sangre no corra y que el voto del pueblo se cumpla todo está en lo que haga o deje de hacer el presidente Giammattei, que no sabe si destituye a los funcionarios del MP o accede a las exigencias de los corruptos que son los que lo presionan y los que tienen a Guatemala en el ojo del huracán y los organismos internacionales, son los que ejercen presión para evitar un golpe de Estado, como lo asegura el futuro presidente. Llamamos a cordura y la paz y los que han originado los bloqueos y apoyo para que se respete la voluntad del pueblo no deben cerrar las vías de comunicación, ni darle oportunidad a los conservadores que se quejan que ahora el pueblo no se deja y es el que quita y el que pone.
