La Constitución y la ley Orgánica del Ministerio Público, les otorgan funciones específicas, cuyos fines especiales son: velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y en relación al Organismo Judicial, norma que, imparte justicia de conformidad con la Constitución. Las acciones del ente investigador al criminalizar el proceso electoral, pone en duda la imparcialidad que debe tener la fiscal general Consuelo Porras, que actúa con manifiesto interés de violentar el proceso electoral del 20 de agosto y elegir a la persona con mayores méritos.
Actuar “políticamente en un evento electoral, pone en duda su imparcialidad y su marcado interés de evitar que el candidato opositor del grupo Semilla, si es que la voluntad del pueblo elija, tome posesión.
En éste esquema irregular e interesado del MP va aparejada las “órdenes” que pudo haber recibido Porras. Lo deleznable de estas acciones espurias es producto de la corrupción que atrapó al presidente Giammattei, que no ha guardado distancia y tiene cooptados todos los organismos del Estado, y maneja a ultranza al Organismo Judicial, que al igual que el Ministerio Público, sus resoluciones tienen contaminación política y no cumple con los postulados de la Constitución.
El proceso electoral se ha venido desarrollando dentro de un esquema de poca credibilidad por la incapacidad de los magistrados que al inicio de su gestión se sometieron a los designios del ejecutivo y no cumplieron con lo que dice la Carta Magna, que hay que leerlo en letras mayúsculas o sea su “supremacía”.
La sorpresa para los tradicionales grupos conservadores, fue Bernardo Arévalo, que en la primera ronda electoral, posesionarse en segundo lugar, relegando a lugares inferiores a sus adversarios. El MP al conocer que el aspirante del Partido Semilla, había desplazado a los conservadores, promovió acciones en los tribunales, solicitando la cancelación de dicha entidad, una petición ilegal, la ley dice que en curso un proceso electoral, blinda a las entidades. Que dio lugar a accionar en los tribunales superiores, que resolvieron que no se podía impedir el curso de las elecciones y fue una resolución medias tintas de la CC señalando que, se debería continuar con la investigación y establecer si Semilla, fue inscrito con irregularidades como dice el M.P.
La carrera del Ministerio Público, dio lugar a que dudara de la imparcialidad de esa entidad y así lo han señalado organismos locales e internacionales. Con lujo de fuerza y haciendo gala de prepotencia se allanaron las oficinas electorales para secuestrar documentación y la sede del partido y se libró captura contra funcionarios del Registro de Ciudadanos, velándole el derecho a los abogados de la entidad, a conocer el expediente, un hecho violatorio a la Constitución.
Hasta ahora se mantiene en un impase el futuro del Partido de Arévalo y si la entidad fue registrada con irregularidades debió hacerse en el momento en que se le reconoció como entidad de derecho público.
Se cree que si el candidato Arévalo, gana el balotaje en las elecciones del 20 de agosto sus adversarios, entre ellos la candidata de la UNE Torres preparan las acciones en los tribunales para impugnar su triunfo.
El Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, deben actuar con apego a derecho. De resolver por intereses políticos, esto puede dar lugar a que el pueblo actúe y nadie puede anticipar qué puede suceder. Es ahora, que el guatemalteco se arme de coraje y valor, para que su voluntad no sea mancillada y se espera que el candidato opositor de ser el triunfador, cumpla con terminar con la corrupción, que ha sido una lacra en los últimos años.
