Walter Juárez Estrada
El marco de corrupción que por años ha tenido el Congreso, con mayor énfasis en éste gobierno, los diputados y sus aliados no han cumplido con la sentencia de la 7ª. Magistratura de la Corte de Constitucionalidad, que resolvió que los diputados eligieran de viva voz y voto razonado, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados, lo que constituye irresponsabilidad y delito que el Ministerio Público, debe promover contra los legisladores por incumplimiento de deberes.
El 12 de este mes, se cumplen tres años que los magistrados de dichos Tribunales, han prolongado sus funciones, por lo que de hecho se les considera defactos y cómplices de la corrupción. Es preocupante que el MP sea “pilar de iglesia y un mudo testigo, pues su función según la Constitución y su ley Orgánica, es actuar de oficio, cuando situaciones como las que aquí señalamos no pueden quedar al margen. En la presidencia del impresentable diputado Allan Rodríguez Reyes y en la de Sirly Rivera Saldaña, se agenda como último punto en la agenda elegir a los citados jueces, pero los diputados corruptos cuando se procede al evento, rompen el quórum y eso impide que se realice la votación.
Las resoluciones judiciales deben cumplirse y por tal razón, el Ministerio Público promover proceso por desacato contra los diputados. Se da por hecho que va terminar este año y los legisladores no elegirán a los magistrados. Están involucrados en la aprobación del nuevo presupuesto general de gastos de la nación para el año entrante y el año que viene los diputados se ausentaran de sus curules porque su interés: involucrarse de lleno en las elecciones generales de junio, la mayoría busca su reelección sabiendo que en sus distritos no los quieren a igual que los alcaldes por ser corruptos.
La Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, debe actuar y no hacerse de la vista gorda y no acceder a las órdenes que le da el presidente Giammattei, para procesar a fiscales, jueces y periodistas, que no le hacen el juego y es denigrante que Guatemala en el concierto de las naciones, sea vista como un país corrupto donde no hay democracia, no hay libertad, sino corrupción, por lo que se exhorta al mandatario a que cumpla con lo que dice la carta magna y no le de consignas al Ministerio Público.
El artículo 208 de la Constitución dice que “los magistrados de cualquier categoría y los jueces de primera instancia, durarán en sus cargos cinco años con derecho a reelección…” Pero resulta que el caso que se examina los citados funcionarios han prolongado sus funciones más del tiempo que regula la carta magna. Esto es corrupción y son defactos los magistrados y sus resoluciones se pliegan a los corruptos, podría decirse que son ilegales, y que cualquier agraviado tiene el derecho de accionar por las razones que aquí han quedado claramente expresadas.
