Walter Juárez Estrada
La función del Ministerio Público, está regulada en la Constitución y su Ley Orgánica. Al descubrirse la corrupción de manera exagerada en los organismos del Estado, el ente investigador, tuvo un cambio radical, que obligó al expresidente Berger, a solicitar a la ONU la colaboración a la relacionada entidad y de esa cuenta, se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, designándose como comisionado al español Carlos Castresana a la sazón Fiscal General Amílcar Velásquez Zárate. Castresana, dos años después se nombró al costarricense Francisco Dall’Anese Ruiz, quien al dimir fue sustituido por el colombiano Iván Velásquez Gómez, en la administración de Thelma Esperanza Aldana Hernández, quienes se asociaron para combatir la corrupción en el gobierno de Otto Pérez Molina, quien con su vicepresidenta Roxana Baldetti, se vieron forzados a dimir por las protestas populares en las plazas públicas y afrontaron varios procesos que hasta hoy, no han llegado a su consecución.
A raíz del ascenso en la corrupción, el Ministerio Público, se transformó en una entidad de primera línea y al asociarse Aldana con el comisionado Velásquez, promovieron sendas demandas penales en los tribunales, que dio origen en el gobierno de Jimmy Morales, que el comediante expresidente, demandara la no renovación de la CICIG que causó malestar en los guatemaltecos. Este último mandatario nombró como Fiscal General a María Consuelo Porras, quien en la gestión de Alejandro Giammattei, no ha cumplido con el mandato que le da la Constitución, como es accionar contra todos los actos corruptos en los organismos del Estado y eso le ha dado a la jefe del MP razón más que suficiente para cuestionarla, más ahora cuando el mandatario en contra de todos los pronósticos la reeligió para otro período, pese que en contra de la funcionaria existen dudas de su idoneidad y eso quedó evidenciado cuando 7 comisionados de la Comisión respectiva, en 10 votaciones no la incluyeron en la nómina de los 6 aspirantes.
Sin embargo, quienes votaron en contra de Porras, se vieron cuasi forzados a cambiar su decisión por una resolución ilegal de la CC que “prácticamente los obligó” a que incluyeran en la nómina de postulantes a la togada, pese que, en su contra, hay serios señalamientos de organismos nacionales e internacionales que protege a Giammattei, contra quien el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval Alfaro, tenía en curso antes de su destitución de julio pasado, promover antejuicio contra el mandatario por supuestamente haber recibido una alfombra con dólares en su casa de la zona 15, que le entregaron ciudadanos rusos para que autorizara la explotación de minerales en Izabal, imputación que el gobernante ha negado reiteradamente.
Si bien es verdad que el Presidente de la República tiene la potestad constitucional de nombrar al jefe del MP también es cierto que, en contra de Porras, hay señalamientos que protege a los corruptos de este gobierno y que EE. UU. la incluyó en la Lista Engel con prohibición a ella y su familia entrar al país norteamericano, porque se ha comprobado que recibe órdenes del mandatario para encausar a jueces, fiscales y comunicadores sociales, según se conoce.
Varias entidades han demandado a Giammattei dar marcha atrás en el nombramiento de Porras, pero él ha dicho que su decisión se mantendrá, que no obedece órdenes de nadie y que designó a dicha abogada, porque fue la que obtuvo el “mejor” punteo.
Es claro que el presidente mantendrá su decisión, pero en aras de la tranquilidad nacional sería saludable que revoque dicho nombramiento, porque las declaraciones que se han dado en el extranjero, pueden dar lugar a que Guatemala sufra un aislamiento y eso dará pie a muchas cosas, pero conociendo el carácter arrogante y prepotente de Giammattei, es seguro que quedará con su gusto y será él directamente responsable de lo que interna e internacionalmente pueda tener nuestro país. Que la historia lo juzgue y no se escapa que se llenen las plazas públicas, para pedir su renuncia como lo han dicho los dirigentes de los Cantones de Totonicapán.
