Walter Juárez Estrada
La segunda causa de muerte en el país, son los accidentes de tránsito originados por la irresponsabilidad de los conductores que obligó al gobierno a emitir un Decreto hace tres años, para obligar a los empresarios y dueños de las unidades, a cubrir un seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros para el transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga, disposición que ha sido rechazada por los dueños de esas unidades que han bloqueado las principales vías de circulación en serio perjuicio para la población dejando pérdidas millonarias incuantificables.
La Corte de Constitucionalidad, de manera exprés, otorgó amparo a la Cámara de Comercio y del Agro, y ordena a las autoridades proceder dentro de la ley, a desbloquear las vías semiparalizadas para garantizar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos que exigen acción inmediata contra los transportistas y que se ponga en vigencia el decreto que otorga el seguro obligatorio a las víctimas.
Aseguran los ofendidos por esta afrenta de los dueños de esas unidades y los pilotos que, las víctimas pagan con sangre y muerte la irresponsabilidad de los conductores por lo que exigen que la ley se cumpla y no quede en letra muerta. Causó indignación y malestar que un grupo de pilotos se puso a “jugar una chamusca” ante la mirada de los afectados por esos bloqueos que consideran un insulto y por esa situación demandan la pronta entrada en vigor del Decreto, que obliga a los propietarios de esas unidades, a cubrir el seguro de vida a terceros y pagar los daños a las personas que por esa irresponsabilidad quedan de por vida con amputaciones y daños físicos severos.
Si las leyes se dictan es para que se cumplan. En el presente caso es imperativo ya no aceptar las presiones de los trasportistas y se les sancione cancelándoles la tarjeta de operación y confiscándoles las unidades, para que quede como antecedente porque apuntan los afectados que los bloqueos perjudican su labor de trabajo y merman sus ingresos porque al no poder ir a su trabajo y a sus actividades, su economía se ha visto severamente deteriorada y exigen los agraviados que se cumpla con la ley y que la fuerza pública no sea un testigo de los hechos sino que actúe dentro del marco de la ley y ahora amparada por una resolución de la CC.
Guatemala, por la pandemia que ha cobrado más de 16 mil fallecidos y más de medio millón de infectados, pasa por una crisis severa en su economía y a eso se agrega la irresponsabilidad de los transportistas, que, asociados con los pilotos, violan la ley y por tal circunstancia exigen que se haga efectivo el decreto de marras y se cubran los seguros. Las empresas que se dedican a ese comercio, han dicho que se debe actuar y se cumpla con lo que dice la norma. Ojalá que eso suceda y ya no más contemplaciones y abusos.
La Dirección General de Transportes debe exigir a los propietarios de los buses extraurbanos que cumplan con la ley, es aconsejable que el Gobierno repare las carreteras dañadas que también hay que reconocerlo ha sido causa recurrente de muchos percances viales y las autoridades a sancionar a los conductores que conducen sin experiencia y a veces en estado de ebriedad, causa recurrente de percances viales con saldos lamentables de víctimas y heridos.
