Walter Juárez Estrada

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Walter Juárez Estrada

El Instituto de la Víctima fue creado en el gobierno del comediante-presidente Jimmy Morales Cabrera, que tiene asignado un presupuesto de más de cincuenta millones de quetzales, no tiene ninguna razón para funcionar. La actividad de esa entidad, la realiza con profesionales capaces del Instituto de la Defensa Pública Penal. Investigaciones que realiza el Ministerio Público han comprobado que mensualmente se erogan Q113,000 para el arrendamiento de las oficinas de esa entidad, que está bajo la responsabilidad de la ex diputada Alejandra Carrillo, que fue allegada a la ex vice presidenta Roxana Baldetti.

El Instituto de la Víctima no es más que una dependencia burocrática para favorecer a políticos, diputados y grupos allegados a sectores oscuros. Los allanamientos que ha hecho la fiscalía específica del MP han comprobado que varios funcionarios y empleados tienen salarios que lloran sangre de Q20,000 a Q30,000, siendo plazas fantasma, porque no se presentan a su trabajo, por lo que se ha demandado a la Contraloría de Cuentas, que realice auditorías para accionar contra Carrillo y los que han recibido los salarios sin laborar lo que en términos fríos… es corrupción.

El fiscal encargado del caso denunció que hay falsificación y adulteración de datos y una malversación descarada, por lo que solicitó que esa entidad deje de funcionar, pues la considera de inoperante, pues los años que tiene de funcionar su trabajo ha sido desteñido y no productivo.

Expertos en el ramo penal e investigación, recomiendan que los fondos que se asignan al Instituto de la Víctima, sean trasladados al Instituto de la Defensa Pública Penal, para incrementar el salario de su personal, pues en varias ocasiones los procesos penales en los tribunales se atrasan o se suspenden las audiencias, al no tener el imputado, defensor de oficio como dice la ley, o bien que esos millones se trasladen a los hospitales nacionales que están urgidos de fondos, especialmente con el incremento de la pandemia y mejorar el salario al personal médico y sus auxiliares que están en primera línea que se quejan del exceso de trabajo y el sueldo que tienen a pesar que están en primera línea exponiéndose a morir, como ya ha ocurrido al ser infectados con el Covid.

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