Inicio con la definición de algunos términos para enfatizar las ideas a resaltar en estos párrafos. La palabra «universidad» se deriva del latín universĭtas, -ātis ‘universalidad, totalidad’, es decir, hemos de interpretarlo como «el conjunto de toda la totalidad» o «el todo».
En términos generales se atribuye el surgimiento de las universidades como hoy las conocemos, al final del período denominado Edad Media (EM) dentro de la historia occidental o europea que duró mil años. Se asume que la EM, empezó en el año 476 con el fin del Imperio romano de Occidente y terminó en 1492, poco más de mil años.
Las fuentes consultadas coinciden en atribuir su nacimiento a partir de escuelas catedralicias y monásticas, impulsadas por el crecimiento de las ciudades. Las primeras fueron la Universidad de Bolonia (1088) y la Universidad de París (1150). De hecho, la Universidad de Bolonia es reconocida como la más antigua y de funcionamiento ininterrumpido por ya casi 940 años.
El crecimiento de las ciudades y con ellas la de sus habitantes requirió la creación de centros de enseñanza, la mayoría al cobijo de autoridades eclesiásticas, pero también bajo el auspicio de reyes y feudales. La necesidad de contar con expertos en leyes, comercio, arte y otras especialidades derivó en su proliferación.
También es parte de este proceso, la necesidad de crear normas especiales de convivencia, pues en el campus había recintos para hospedar a estudiantes y profesores y de esta interacción hubo, como en todo lo humano, controversias a ser atendidas con inmediatez. Las reglas propias favorecieron la necesidad de contar con autoridades para crear instancias de gobernanza. Así el decano y el rector se concibieron como los máximos representativos de este proceso de gobierno «propio».
En Latinoamérica fue hasta el siglo pasado que la evolución de esta forma de gobierno derivó en la puesta en práctica de la autonomía universitaria con la denominada «Reforma Universitaria de Córdoba» (Argentina) en 1918. Su desenvolvimiento tiene connotaciones propias de cada comunidad educativa en la que se desarrolló. En términos generales obedece a la caracterización provista por los estudiantes de cada comunidad educativa. Los estudiantes universitarios son los agentes y depositarios del cambio de sus respectivas sociedades.
En Guatemala en la Revolución de 1944 y su Junta Revolucionaria de Gobierno redactó el Decreto 12, el 9 de noviembre de 1944 y vigente a partir del 1 de diciembre de ese año, «en tanto se emita la nueva Ley Orgánica de la Universidad Nacional y los correspondientes Estatutos y Reglamentos». La autonomía reconocida le confirió a la universidad «el poder de organizarse, elegir a sus autoridades y regir sus planes de estudio sin injerencia del Poder Ejecutivo». Posteriormente, como estaba previsto, con el primero de los dos gobiernos de la Revolución se promulga en el Congreso el Decreto 325 el 28 de enero de 1947, para consolidar la regulación de la autonomía universitaria.
El artículo 2 de dicha ley señala que: «su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico». Desde mayo de 2022 con el impostor a cargo de dicha casa de estudios, ese fin fundamental ha sido depositado en el basurero nacional, olvidando de principio a fin la ética y probidad.
Ante tanta ceguera de poder, es necesario recordar las palabras del Dr. Carlos Ferico Mora al inaugurarse «el nuevo régimen del alma mater publicado el lunes 4 de diciembre de 1944» en «El Imparcial», sobre la autonomía universitaria, tan castigada por los actuales e ilegítimos integrantes del Consejo Superior Universitario cuando dijo: «Por el intermedio de los estudiantes, en la misión cultural, y de los vecinos bien dispuestos, en las delegaciones permanentes, la universidad se promete hacer que la luz penetre por todos los rincones del país. Poco a poco, con métodos, con paciencia, sin festinaciones».
En otro orden de ideas, para este jueves 20 a partir de las 10 horas, se producirá la suscripción del Pacto Democrático por Guatemala, mediante el cual organizaciones académicas, comunitarias, culturales, indígenas, sociales y ciudadanas que integran el Frente Amplio por la Democracia (FAD), han invitado a los partidos políticos con vocación democrática y visión del desarrollo con justicia social, cese de las profundas desigualdades y lucha contra la corrupción e impunidad, para que como producto de este esfuerzo de convergencia se pueda superar la profunda crisis política, económica, social e institucional que vive Guatemala.
Este podría llegar a ser el primer paso congregado que implique el advenimiento de un futuro promisorio para las mayorías desposeídas de nuestros territorios. Si cada partido político que se jacte de vocación democrática no es parte de un esfuerzo colectivo como el anunciado, sabremos que su talante no es congruente con sus afirmaciones, pues el verdadero valor está en lo que se hace y no en lo que se dice.
