A la ejemplar jurista María Eugenia Morales, quien actualmente es atacada y calumniada, para evitar que sea electa como Magistrada suplente del TSE, a pesar de ser la mejor evaluada.
En Guatemala, el ejercicio del periodismo bajo asedio es una práctica común, como se demostró en el informe del Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), divulgado en enero del año pasado, el cual consigna que durante el período de gobierno de Giammattei, se registraron 404 agresiones contra la prensa: 149 en 2020, 135 en 2021, 117 en 2022 y 3 durante las primeras dos semanas del 2023. Así, el anterior gobierno acumuló la mayor cantidad de agresiones, ataques, hostigamientos y censura contra la prensa.
Igualmente, grave es que la Asociación de Periodistas de Guatemala, con 77 años de trayectoria, sindicara al Organismo Judicial (OJ) y al Ministerio Público (MP) de impulsar una política de terror judicial en contra de la prensa, obedeciendo al gobierno, en el informe el “Estado de Situación sobre la Libertad de Expresión 2022”.
Retomando el dato que aportó el colectivo de periodistas #NoNosCallarán, el informe de la APG destaca que aproximadamente treinta periodistas y comunicadores han tenido que abandonar el país de manera forzada, durante el periodo de gobierno de Alejandro Giammattei, 11 de los cuales salieron en marzo de 2023, ya iniciado el periodo electoral.
También se menciona el injusto y arbitrario encarcelamiento de José Rubén Zamora, quien fuera condenado a seis años de prisión fruto de un proceso legal absolutamente viciado.
Además de lo anterior, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el marco de su LXXIX Asamblea General que se desarrolló en la Ciudad de México, al presentar la edición 2023 del Índice Chapultepec sobre Libertad de expresión y de prensa en 22 países de la región latinoamericana, señaló que Guatemala, al igual que en 2022, permanece en la categoría de los países donde existen altas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ubicado en el lugar número 19 de 22 países, descendiendo cuatro posiciones respecto a 2020 y dos con respecto a 2021.
Estas y otras muestras de represión a la libertad de expresión y de prensa, motivaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara, cuatro veces, al corrupto y represivo gobierno de Giammattei que le autorizara una visita a Guatemala, para verificar la situación en el terreno, lo cual no fue permitido.
Durante el fallido intento de Golpe de Estado, la CIDH otorgó medidas cautelares al binomio presidencial electo, para evitar que, torciendo el Derecho, algún órgano jurisdiccional los criminalizara.
Al tomar posesión, el gobierno de Arévalo y Karin giraron la correspondiente invitación a la CIDH y al Relator Especial para la Libertad de Expresión de ese organismo, Pedro Vaca Villareal.
Paralelamente, la Señora Nancy Hernández, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), arribó a nuestro país como parte de una visita académica, acompañada del Coordinador de Cooperación Internacional de la Corte IDH, el abogado Javier Mariezcurrena.
Las y los funcionarios de la OEA han sido recibidos por el presidente de la República, y se han podido reunir libremente con dirigentes sociales, funcionarios públicos y personeros judiciales, salvo con Consuelo Porras, quien envió al secretario del Ministerio Público.
Evidentemente, estamos ante una nueva coyuntura política, en la que el derecho a la libertad de expresión y de prensa vuelve a ser valorado como un pilar fundacional para la democracia.
La comitiva de la CIDH, encabezada por la secretaria ejecutiva Tania Reneaum, visitó al colega José Rubén Zamora, injustamente encarcelado en el cuartel Mariscal Zavala. Una visita similar recién realizó Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto de EE. UU. para América Central, portando un mensaje de Washington para respaldar la libertad de expresión en Guatemala.
Es en el anterior contexto que el anterior gobierno se ensañó contra el periodista José Zamora Marroquín y contra el diario elPeriódico, y el Ministerio Público inició investigaciones espurias contra dos columnistas de ese diario, Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín, y contra los colegas Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Velix, Alexander Valdez, Rony Ríos y Denis Aguilar sindicándoles, entre otros, del delito de obstrucción a la justicia por ejercer la libertad de prensa, lo cual constituye una flagrante violación al artículo 35 de la Carta Magna.
Quienes defendemos la libertad y la democracia sabemos que a través de la libertad de expresión se manifiestan las demás libertades políticas y los derechos primarios básicos, como el derecho a la vida, a la paz y la igualdad solidaria y fraternal entre los seres humanos.
Como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa”.
