El Pacto de Corruptos está en capilla ardiente, por el fracaso de su estrategia electoral, por los reveses de las arbitrarias medidas leguleyas que ha impulsado, y por su creciente aislamiento, provocando una grave crisis político-electoral, que puede sumir al país en un caos.
Me dedico al periodismo de opinión desde 1978, y estos 45 años de experiencia me han enseñado que es muy riesgoso asegurar cómo va a terminar un fenómeno político en curso, cuyos componentes –además de complejos– aún no se han terminado de manifestar. A lo más que un analista responsable puede aspirar, es a identificar los rasgos principales y las tendencias generales del fenómeno, exponiendo escenarios posibles, y consecuencias previsibles. Esto es lo que trataré de desarrollar en esta columna, centrándome en los principales reveses del Pacto de Corruptos, que lo han sumido en una posición desesperada, por lo que ahora es más peligroso que nunca, pues es mucho lo que puede perder.
El control y saqueo de las arcas públicas les permitió acumular un poder económico y político sin precedentes, y teniendo un enorme control de las Cortes y de casi todas las instituciones del Estado, en alianza de la clase dominante y el crimen organizado, se propuso impulsar una estrategia electoral basada en la alianza con más de 200 alcaldes, atraídos por ofertas de obras y presupuesto espurio.
A fuerza de corromper voluntades y comprar apoyos, el partido Vamos, buque insignia de ese pérfido Pacto, logró obtener 39 diputados y 132 alcaldes, por lo que controlarán el gobierno de 4 de cada 10 municipios, lo que implica que tendrán una gran incidencia en el Congreso y en el poder local, que les permitirá aprobar leyes regresivas, el presupuesto nacional y la elección de Cortes, asunto clave para garantizarse impunidad.
Si bien los logros electorales descritos son relevantes, el primer gran revés del Pacto de Corruptos fue la irrupción inesperada de una fuerza ciudadana antisistema electoral, dándole al traste a las encuestas, a los análisis políticos y, particularmente, al esquema comicial que el Pacto de Corruptos fraguó durante varios años, para asegurarse el poder político del Estado y la impunidad absoluta para sus actores.
La indignación ciudadana que expresan el voto nulo y en blanco, que alcanzaron el 24% del sufragio, consistió en la opción preferida de casi un millón de ciudadanos que acudió a las urnas; fue una clara muestra de rechazo al sistema político actual y un hartazgo generalizado ante las opciones electorales que están vinculadas a la corrupción, a la impunidad y carecen de credibilidad.
El segundo revés de la alianza criminal fue que su candidato oficial, Manuel Conde, cayó al tercer lugar, y Zury Ríos, su principal aliada electoral, bajó al quinto puesto. Este inesperado resultado los obligó a reconfigurar alianzas y renegociar acuerdos.
Otro fenómeno, igualmente inesperado, fue el masivo respaldo electoral al partido Semilla, catapultándolo al segundo lugar de la contienda con un 11.8%, por lo que podrá contender en la segunda vuelta contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido que ha perdido el balotaje en las dos últimas elecciones, gracias al antivoto contra Sandra Torres. Este resultado constituye el tercer revés, muy significativo, pues saben que con Bernardo Arévalo no podrán negociar corrupción e impunidad.
Esta realidad político-electoral tomó por sorpresa al Pacto de Corruptos y a sus partidos políticos, quienes iniciaron una serie de acciones legaloides que vulneraron el poder soberano expresado en las urnas. Nueve de esos partidos políticos presentaron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), argumentando “que concurrieron distintos vicios, específicamente, en el conteo de votos y la elaboración de actas, los que ponen en riesgo la voluntad del electorado”.
Aunque no estaba legalmente facultada para ello, la CC emitió una resolución que vulneró el poder soberano expresado en las urnas. Entre otras cuestiones, ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspendiera la oficialización y adjudicación de cargos, y convocara a nueva audiencia de revisión de escrutinios, pero no autorizó el reconteo total de votos, lo que entrañó el cuarto revés de la alianza criminal, pues la revisión física y electrónica de las actas demostró que no hubo anomalías significativas.
En respuesta, tres de los partidos amparistas presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de Asistencia para la Debida Ejecución de la Sentencia de la CC, argumentando que el TSE no la cumplía cabalmente. La verificación de actas físicas evidenció que las anomalías eran mínimas, por lo que la CSJ resolvió improcedente la Asistencia solicitada, dando por resuelto lo mandatado por la CC en el amparo provisional. Esta resolución fue el quinto revés del Pacto de Corruptos, motivado por la presión ciudadana y de la opinión internacional.
El TSE procedió a la oficialización de resultados, a la adjudicación de cargos, y convocó a la Segunda Vuelta Electoral, protagonizando el sexto revés de los corruptos.
Éstos iniciaron un proceso espurio para suspender al Movimiento Semilla, con el apoyo del Ministerio Público y el juez Nery Orellana, el cual fracasó gracias a las acciones legales en su contra, sumado a la presión ciudadana, constituyendo el séptimo revés del Pacto de Corruptos. Por su parte, EE. UU. recién publicó una ampliación de la lista Engels, en la que incluyó al juez Orellana, a la fiscal Monterroso y a otros operadores del Pacto.
Con estas diligencias se les cerró la vía judicial, para dar un golpe de Estado Técnico, por lo que comenzaron a analizar la posibilidad de un golpe militar.
Contra la judicialización de la política se han pronunciado la Unión Europea, la OEA, el Departamento de Estado de EE. UU., el Secretario General de la ONU, varios presidentes de América Latina, la Conferencia Episcopal, la Convergencia por la Resistencia Nacional, organizaciones de mujeres, de campesinos, 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá, y otras organizaciones indígenas que han protagonizado paros y acciones de calle para defender la libre determinación del pueblo de Guatemala.
Hoy miércoles 26 de julio, el Consejo de Seguridad de la OEA evaluará la posible violación del orden constitucional en Guatemala, teniendo como interlocutora a la Magistrada Presidenta del TSE, no al Canciller o al Presidente Giammattei. Este asilamiento político del Pacto de Corruptos constituye su octavo revés.
La Agencia de Noticias EFE informó que el Presidente Joe Biden ha invitado a Sandra Torres y a Bernardo Arévalo a Washington, para un acercamiento político preliminar, y para dar instrucciones, obviamente. Este reconocimiento de los candidatos por EE. UU., al más alto nivel, reduce las posibilidades de un golpe militar, siendo el noveno revés de los criminales.
Al Pacto de Corruptos le queda dos acciones desesperadas: pactar impunidad y prebendas con Sandra Torres, y apoyarla electoralmente con todos sus recursos, o promover desórdenes generalizados el 20 de agosto para impedir o, por lo menos, empañar la Segunda Vuelta Electoral, intentando afianzarse espuriamente del poder.
La alianza criminal no ha sabido leer los tiempos políticos, y no se ha dado cuenta que el tigre ya despertó, y el poder soberano del Pueblo se hará sentir el 20 de agosto. Ese será, previsiblemente, el décimo y definitivo revés del Pacto de Corruptos, que será sepultado por la ciudadanía, de manera pacífica pero implacable. De nosotros depende.
