Walter Juárez Estrada

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La Corte de Constitucionalidad debe jugar el papel que tuvo el máximo tribunal Constitucional, en 1993, en el llamado Serranazo, cuando Jorge Serrano Elías, intentó darle un manotazo a todas las entidades del Estado. El órgano constitucional, le dio un duro revés. Ahora que estamos en un proceso electoral con acciones judiciales, intromisión del presidente Gammattei, que manipula al Ministerio Público y al Organismo Judicial, para bloquear la participación del candidato opositor del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, es cuando todos los guatemaltecos sin ninguna ideología, deben unirse y luchar porque se garantice que la segunda ronda electoral para decidir quién gobernará el país, se respete y no se pisoteé su voluntad.

Guatemala, desde que se abrió el proceso electoral para renovar las principales autoridades del país: presidencia, vicepresidencia, Congreso de la República, Parlamento Centroamericano y las 340 corporaciones edilicias, ha discurrido dentro de un ambiente no solo de desconfianza de rumores de un autogolpe de Estado y de la prolongación de funciones de Giammattei, hechos censurables denunciados reiteradamente por prestigiosos organismos internacionales como ONU, la OEA, gobiernos amigos, grupos indígenas, tanques de pensamiento y todo aquél guatemalteco que lucha desde sus trincheras, para que se respete la voluntad del pueblo y se elija el mejor.

Dentro de ésta sucia corrupción, se ha prestado el Ministerio Público, el Organismo Judicial y todos los sectores corruptos que fueron sorprendidos que el grupo de opositor Semilla, con su candidato Arévalo, diera la sorpresa en las elecciones del 25 de junio, relegando a puestos inferiores a los conservadores que por años mediante fraudes han llegado a gobernar. El Ministerio Público, el Organismo Judicial con el juez Fredy Orellana, no deben ser marionetas de los corruptos, garantizar que la segunda vuelta se realice en el marco constitucional y si efectivamente el partido Semilla, fue inscrito como institución de derecho público ilegalmente, debió hacerse en su momento y no cuando el proceso electoral estaba en marcha. La ley blinda a las entidades políticas de ese beneficio y durante un proceso electoral en curso, no se le puede vedar el derecho a un aspirante para ejercer el cargo de elección popular.

Se asegura que el Juez Orellana, actuó con presión a igual que el MP. El ente investigador cumpliendo una orden espuria judicial, con lujo de fuerza, allanó con fiscales y policías con el rostro cubierto, las placas de los vehículos ocultas, en dos ocasiones las oficinas del Tribunal Supremo Electoral y la sede del partido de Arévalo, en busca de evidencias para comprobar la supuesta ilegalidad de su inscripción. Producto de ésta controversia, hecho censurado por el ente electoral y la ciudadanía. Hay una resolución de la CC y la Corte Suprema de Justicia, que resolvió que durante el proceso electoral, no debe impedirse por ninguna razón a un candidato su inscripción y vedarle su derecho de campaña.

Dentro de este relajo político, podría estar vinculada la UNE de Sandra Torres, que pactó con el hasta hoy partido Vamos, para hacer la vida imposible al candidato de Semilla Bernardo Arévalo, bloquearlo en el Congreso de la República, que buscarán como resultado de esta elección elegir a los Magistrados de las Cortes que por años ha estado estancada violando la Constitución, favoreciendo con sus fallos a los corruptos, con un MP. que no cumple con lo que regula la Constitución, dando lugar a manifestaciones y bloqueos de guatemaltecos que han demandado que el proceso electoral, se desarrolle en el marco legal y que se respete la voluntad del pueblo.

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