Víctor Ferrigno F.
El pasado 20 de febrero dieron inicio las clases presenciales en las escuelas públicas del país, acusando una gravísima deserción escolar que, de 2021 a 2022, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Educación (Mineduc), alcanzó 1.7 millones de alumnos que salieron de sexto primaria y ya no se inscribieron en primero básico, y 360 mil que salieron de tercero básico ya no se apuntaron para el diversificado.
Se estima que entre un 60% y un 70% de estos jóvenes que se quedan fuera de las aulas intentará migrar, y al resto no le queda otra opción que insertarse en la economía informal, o pasar a formar filas en el crimen organizado.
Además, los reportajes de prensa dan cuenta del estado calamitoso de las escuelas, que carecen de agua, tienen baños nauseabundos, la lluvia se cuela por los techos y los pupitres están muy deteriorados. El sistema educativo nacional es un desastre completo, como muchos otros sectores, pero los efectos de esta crisis nos afectarán por una o dos generaciones.
Con su cauda de enfermedad y muerte, la pandemia afectó la economía mundial, interrumpiendo las cadenas de distribución comercial, generando desempleo, y agravando la pobreza y la desigualdad. Pero uno de los mayores daños que ha producido el COVID-19 es la interrupción del aprendizaje escolar, por el cierre de las escuelas y el aislamiento de los alumnos.
Más de 635 millones de estudiantes en el mundo fueron afectados por el cierre total o parcial de escuelas, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Más de 370 millones de niños en todo el mundo se quedaron sin comidas escolares durante el cierre de las escuelas, perdiendo lo que para algunos infantes era la única fuente diaria confiable de alimentos y nutrición.
Hasta el año 2021, el cierre total o parcial de las escuelas en América Latina y el Caribe (ALC) dejó a unos 114 millones de estudiantes sin escolarización presencial, según las estimaciones del Fondo. “En ningún otro lugar del mundo hay tantos niños sin educación presencial”, dijo hace dos años Jean Gough, Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. “Esta es la peor crisis educativa que ha enfrentado la región en su historia moderna. Muchos niños y niñas ya han perdido un año de escolarización presencial; ahora empezaron a perder otro año más. Cada día adicional sin clases presenciales pone a los niños y niñas más vulnerables en riesgo de abandonar la escuela para siempre”.
Unos 147 millones de niños y niñas perdieron más de la mitad de su educación presencial debido al COVID-19 y la incompetencia gubernamental, y las escuelas seguían sin abrir completamente en 23 países, incluida Guatemala, reportó un nuevo informe de UNICEF, publicado el pasado 30 de marzo de 2022. La ausencia total o temporal de las aulas de esos 147 millones de estudiantes supone la pérdida de dos billones (millones de millones) de horas de clase presencial, indica el informe.
El informe de UNICEF, titulado “¿Están aprendiendo realmente los niños?”, analiza el impacto del cierre de escuelas dispuesto a nivel nacional en 32 países y territorios de renta baja y media, y formula un análisis actualizado del estado de aprendizaje de los niños antes de la aparición del coronavirus.
Los datos anteriores a la pandemia ya revelaban un nivel de aprendizaje alarmantemente bajo, que probablemente se ha visto agravado por la cuantía del aprendizaje perdido a causa del COVID-19; se podría perder alrededor de USD 10 billones en ingresos generados a lo largo de toda la vida, monto equivalente a casi el 10 % del producto interno bruto (PIB) mundial.
El ritmo actual de aprendizaje en los países analizados “es tan lento que la mayoría de los niños en edad escolar tardarían siete años en adquirir las competencias básicas de lectura que deberían haber aprendido en dos años, y 11 años en adquirir las competencias básicas de aritmética”, según el informe. “En muchos casos, ni tan siquiera se garantiza que los niños en edad escolar hayan adquirido alguna competencia básica”, asienta el reporte.
Se requiere “llevar a los niños de regreso a las clases, evaluar su nivel de aprendizaje, proporcionarles el apoyo intensivo que necesitan para recuperar lo que han perdido y garantizar que los maestros cuenten con la formación y los recursos educativos que necesitan”, expuso Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF. De todo eso, el gobierno de Giammattei se limitó a reabrir escuelas deterioradas.
En Guatemala urgía volver a las clases presenciales, pero antes las escuelas tendrían que ser rehabilitadas, los maestros deberían ser capacitados, la alimentación escolar tendría que ser restablecida, y habría que emprender un programa intensivo de nivelación, para no perder una generación de estudiantes.
Se trata de una enorme tarea en un país donde la infancia y la juventud son ignoradas, los fondos para la educación pública se malversan, los maestros están cooptados y las autoridades hacen gala de incapacidad y abulia.
Es plausible que un regreso a clases tan precario tenga fines electorales, para hacer de la alimentación escolar un instrumento espurio, tratando de conseguir de los padres de familia votos por hambre.
Como ha sostenido Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF. “Esta desigualdad creciente en el acceso al aprendizaje puede hacer que la educación se convierta en el mayor factor de división, en lugar de ser el mejor instrumento para la igualdad. Cuando el mundo no consigue educar a sus niños, todos sufrimos las consecuencias”.
