Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista de opinión desde 1978, en Guatemala, El Salvador y México. Experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala; Universidad de El Salvador; Universidad Nacional Autónoma de México; Pontificia Universidad Católica del Perú; y Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ensayista, traductor y editor. Especialista en Etno-desarrollo, Derecho Indígena y Litigio Estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agro-ecólogo. Apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional, con justicia, democracia y equidad.

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Víctor Ferrigno F.

Cada 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, con la finalidad de promover este valor universal fundamental para la cooperación y el bienestar de los pueblos.

El propósito de esta efeméride es el de reafirmar el compromiso por parte de las naciones del mundo en la construcción de un espacio de solidaridad y de paz, así como la aplicación de iniciativas para la erradicación de la pobreza y sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia de la solidaridad como valor.

La solidaridad es considerada uno de los valores fundamentales en las relaciones internacionales en el contexto de la globalización para la construcción de una sociedad más equitativa, razón por la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, en el 2005, la instauración de esta efeméride.

El termino solidaridad proviene del latín «solidus» que significa solidario. Es definida como un valor humano, sustentado en el apoyo a una causa o interés ajeno de manera voluntaria, imparcial y desinteresada, especialmente en situaciones de la vida cotidiana o de gran magnitud, como desastres naturales, guerras, movimientos de refugiados.

Hace un año, en noviembre de 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tomó posesión como Presidente pro témpore del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde propuso la creación de un “Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar”, con el fin de garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios.

El mandatario mexicano expuso que dicho Plan se puede financiar creando un fondo a partir de al menos tres fuentes de financiamiento: una contribución voluntaria anual, de 4% de las fortunas de las mil personas más ricas del orbe; un aporte similar de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20.

Sostuvo que de cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de un billón de dólares, recursos que deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado.

Propuso que “el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de la estructura requerida, y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres del mundo y una vez definida la población objetivo en cada país, comenzar a dispersar los recursos para el otorgamiento de pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y a jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productivas así como para hacer llegar vacunas y medicamentos gratuitos.

No creo, y lo digo con sinceridad, que alguno de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad se oponga a nuestra propuesta, pues esta no se refiere a armas nucleares o invasiones militares ni pone en riesgo la seguridad de ningún Estado, por el contrario, busca construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan de nuestro apoyo”, sostuvo el mandatario mexicano.

La propuesta de AMLO, además de ser concreta y viable, materializa el concepto de renta básica universal, que se ha venido proponiendo desde los inicios de la pandemia, para enfrentar sus efectos recesivos y sanitarios. Se trata de una medida humanitaria, para paliar una crisis de proporciones civilizatorias que, agravada por la corrupción y la pobreza, provocará estallidos sociales, migraciones masivas e ingobernabilidad.

En nuestro país, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística calcula que la Canasta Ampliada asciende a Q7 mil al mes, mientras que el salario mínimo mensual apenas llega a Q2,825.10; o sea que escasamente cubre el 40% de las necesidades de una familia trabajadora, que pasa hambre, angustias y penurias. Peor aún la pasan los trabajadores de la economía informal, que constituyen el 75% de la población económicamente activa.

En Guatemala, el desgobierno, la corrupción galopante y la exclusión siguen expulsando a miles de ciudadanos, que engrosan las caravanas de migrantes, y luego sostienen la economía nacional con sus remesas. Al 30 de septiembre de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. reportó la cifra récord anual de un millón 660 mil arrestos de migrantes indocumentados. Se estima que por cada detenido logran pasar tres migrantes, por lo que la avalancha hacia el norte es indetenible, máxime que la economía estadounidense está reactivándose, y demanda urgentemente mano de obra.

En su alocución, AMLO sostuvo que “estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable.

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