Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista de opinión desde 1978, en Guatemala, El Salvador y México. Experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala; Universidad de El Salvador; Universidad Nacional Autónoma de México; Pontificia Universidad Católica del Perú; y Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ensayista, traductor y editor. Especialista en Etno-desarrollo, Derecho Indígena y Litigio Estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agro-ecólogo. Apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional, con justicia, democracia y equidad.

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Víctor Ferrigno F.

Al presidente Salvador Allende, demócrata irreductible, mártir por la democracia.

Con un muy amplio margen (62%), Chile desaprobó la nueva Constitución, formulada por una Convención Constituyente paritaria, con cuotas para Pueblos originarios y mayoritariamente progresista, surgida del masivo estallido social de 2019, refrendada por un plebiscito en el que el 78% de los chilenos demandó una nueva Carta Magna, para desechar la constitución pinochetista que rige desde 1980, y se convirtió en una camisa de fuerza que apuntaló evidentes desigualdades económicas y sociales.

Territorialmente, el refrendo social al proceso constituyente iniciado en 2019 fue masivo; solamente fue desaprobado en cinco de las 346 comunas del país, incluyendo a las tres icónicas comunas de Santiago donde reside la oligarquía chilena. El 15 de noviembre de 2019 se firmó el “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución”, para dar una salida política a la crisis. El Acuerdo dio paso a un Plebiscito Nacional, que se realizó el 25 de octubre de 2020, votando más de 7 millones de personas. ¿Qué sucedió con este abrumador apoyo ciudadano? ¿Por qué se invirtieron las cifras entre el Apruebo y el Rechazo? Este es un relevante fenómeno político que bien vale la pena tratar de desentrañar, para obtener aprendizajes sobre procesos democráticos en la era posneoliberal.

Uno de los principales hitos del proceso fueron los resultados electorales para elegir a los y las constituyentes, votación en la cual los partidos políticos, de todo signo, fueron marginados por los chilenos. De los 155 miembros de la Convención Constitucional, 103 (66.4%) no tenían militancia en la política tradicional. Así, se configuró una Convención con una clara y mayoritaria tendencia progresista, principalmente para nuevas fuerzas políticas que emergieron del estallido social, levantando las banderas del feminismo y del movimiento indígena, con un decidido discurso antielitista, que intimidó al electorado medio, manipulado por los medios de comunicación conservadores, que exacerbaron el miedo a la plurinacionalidad, a las presuntas expropiaciones de tierras y viviendas, al “comunismo”, a la imposición de identidades, a la falta de libertad de culto, etc.

En contrapartida, la Convención Constituyente no pudo desarrollar una capacidad de comunicación con el ciudadano de a pie, explicar la esencia de los contenidos y los debates, permitiendo que los netcenters y la prensa conservadora confundieran al electorado. En ese contexto, las y los constituyentes se enfrascaron en un debate puertas adentro, de corte tradicional, sin poder involucrar a la ciudadanía, quien al votar no conocía los aspectos nodales de la nueva Carta Magna. El Centro de Estudios Públicos da cuenta que el porcentaje de ciudadanos que se identificaba con algún partido, cayó desde 53% de la población en 2006 a 19% en 2019. El electorado rechazó que la Convención Constituyente terminara actuando como los partidos políticos, alejándose de las raíces insurreccionales que le dieron origen.

En suma, se sometió a plebiscito una nueva Constitución, que aún no se había convertido en un pacto social, que representara a todos los sectores ciudadanos, que inciden en una sociedad compleja y heterogénea.

Hoy día, en la lucha por ganar la conciencia ciudadana, corazón y mente de la Nación, en una época de la comunicación instantánea, se requiere de una gran capacidad para escuchar, procesar, proponer y convencer. En este esfuerzo, el control mediático es determinante. El Pueblo quiere participar en una democracia directa, que no se limite al formalismo de las elecciones; quiere ejercer su poder soberano, aquél que no reconoce sobre sí a ningún otro poder. Sin la intermediación de los partidos, este ejercicio democrático requiere de nuevas formas de organización ciudadana, vinculadas a la territorialidad y a las demandas cotidianas.

Desde esa perspectiva, al Gobierno de Gabriel Boric le afectó la confrontación con el Pueblo Mapuche, donde la represión ha sido una constante, en la disputa por un vasto territorio y sus recursos naturales. Este es un escenario donde el discurso progresista gubernamental ha chocado con una práctica de corte tradicional, preservando intereses oligárquicos y transnacionales. Este costo político gubernamental afectó a la Convención que goza de fuertes vasos comunicantes con el Ejecutivo.

Una vez conocido el texto constitucional, las dos propuestas peor evaluadas, según la encuesta Espacio Público-IPSOS, fueron el Estado plurinacional y la creación de un sistema de justicia indígena. Ambas propuestas no fueron suficientemente explicadas por la Convención Constituyente, pero si fueron hábilmente instrumentadas por los partidarios del rechazo, exacerbando miedos y explotando el racismo larvado o explícito que aún prima en amplios sectores poblacionales, como en Guatemala.

La buena noticia es que todos los sectores sociales y partidos políticos coinciden en que Chile requiere una nueva Constitución, y el presidente Boric ya anunció que intentará convocar un nuevo proceso constituyente, tratando de superar los errores del presente.

Obviamente, aún no hay consenso en la hoja de ruta y los contenidos de un nuevo proceso constituyente, pero es mayoritario el acuerdo para superar la actual Carta Magna.

En ese orden de ideas, el proceso de articulación no será fácil, pues el sentimiento antipartidos sigue tan vigente como hace dos años, según la encuesta Criteria, la cual registra que el 82% de los encuestados preferiría que los integrantes de la nueva Convención no sean militantes de partidos, sin mayor diferencia estadística respecto de octubre de 2020. Además, el 80% preferiría que participaran constitucionalistas “expertos”.

Construir democracia efectiva no es fácil ni rápido, pero Chile se ha abierto a la posibilidad de construir una sociedad mejor, esfuerzo que merece todo nuestro apoyo.

Resuenan en mi memoria las visionarias palabras del presidente Salvador Allende, pronunciadas hace 47 años, el 11 de septiembre de 1973, mientras combatía contra los golpistas: “Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.

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