Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista de opinión desde 1978, en Guatemala, El Salvador y México. Experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala; Universidad de El Salvador; Universidad Nacional Autónoma de México; Pontificia Universidad Católica del Perú; y Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ensayista, traductor y editor. Especialista en Etno-desarrollo, Derecho Indígena y Litigio Estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agro-ecólogo. Apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional, con justicia, democracia y equidad.

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Víctor Ferrigno F.

La democracia, como cualquier sistema de gobierno, requiere de una base material para sostenerse y reproducirse. En tanto gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, en la democracia importa cómo está distribuida la riqueza, pues ésta determina qué grado de poder efectivo ejerce la ciudadanía. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, la democracia se reduce a una pantomima en la que los pueblos tienen libertad para votar, pero no para elegir; donde el ciudadano es prescindible; y el poder real lo ejercen los superricos, que imponen gobiernos, leyes y sentencias.

En Guatemala la desigualdad es un tema tabú, pues es una lacra socialmente construida para favorecer a una élite voraz. Podría erradicarse si hubiera voluntad política para hacerlo, pero actualmente se potencia en el marco de un Estado ineficaz y capturado por el crimen organizado.

Por todo lo anterior, es de la mayor importancia saber quién gana y quién pierde con los modelos y con las políticas económicas. Acceder a dichos datos es fundamental para profundizar la democracia, e incrementar la capacidad ciudadana para medir y monitorear otras dimensiones de las disparidades socioeconómicas, incluidas las desigualdades ambientales y de género. El acceso abierto, transparente y confiable a la información sobre desigualdad debe ser un bien público global.

En un universo saturado de cifras y datos, carecemos de información básica sobre la desigualdad. A pesar de que las instituciones nacionales e internacionales publican las cifras sobre el crecimiento económico anual, los reportes no detallan cómo se distribuye el crecimiento entre la población.

Por todas estas razones, se celebra la presentación del Informe sobre la Desigualdad Global 2022, elaborado por el Laboratorio de Desigualdad Mundial. “Este informe presenta la síntesis más actualizada de los esfuerzos investigativos internacionales para rastrear las desigualdades globales. Los datos y análisis presentados aquí se basan en el trabajo de más de 100 investigadores durante cuatro años, ubicados en todos los continentes, contribuyendo a la Base de Datos de Desigualdad Mundial. Esta vasta red colabora con instituciones estadísticas, autoridades fiscales, universidades y organizaciones internacionales para armonizar, analizar y difundir datos internacionales comparables sobre desigualdad”.

El Informe da cuenta que el 10% más rico de la población del orbe recibe actualmente el 52% del ingreso mundial, mientras que la mitad más pobre de la población obtiene el 8,5%. Las desigualdades mundiales de riqueza son incluso más pronunciadas que las desigualdades de ingresos. La mitad más pobre de la población mundial apenas posee el 2% del total de la riqueza. En contraste, el 10% más rico de la población mundial posee el 76% de toda la riqueza.

El estudio reseñado reporta que la desigualdad es una opción política, no una inevitabilidad. La participación de la riqueza en manos de los actores públicos es cercana a cero o negativa en los países ricos, lo que significa que la totalidad de la riqueza está en manos privadas. Esta tendencia se ha visto magnificada por la crisis del COVID-19. El Informe revisa varias opciones de políticas para redistribuir la riqueza e invertir en el futuro, a fin de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Propone que el 1,6% de los ingresos globales podría generarse y reinvertirse en educación, salud y transición ecológica, mediante un modesto impuesto progresivo sobre el patrimonio de los multimillonarios globales.

El estudio en cuestión concluye que la desigualdad es siempre una opción política, y que aprender de las políticas implementadas en otros países o en otros momentos es fundamental para diseñar vías de desarrollo más justas, legítimas y sustentables.

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